Las personas despedidas por motivos discriminatorios tienen derecho a ser reintegradas en trabajo en condiciones que se garanticen sus derechos humanos y a recibir el mayor valor de la indemnización de ley o de los salarios y prestaciones dejados de percibir.
El derecho a la seguridad personal le genera al Estado la obligación de proteger a todas las personas. Los amenazados tienen derecho a ser protegidos de forma especial porque están expuestas a un riesgo que no están obligadas a soportar. Esto con el fin de prevenir, conjurar o mitigar la materialización de daños a estas personas.
Las mujeres indígenas víctimas del conflicto armado interno son desplazadas forzosamente a la ciudad, en donde enfrentan situaciones degradantes al buscar suplir las necesidades que demandan su familia en materia alimentaria, vivienda, salud y educación.
El Enfoque Diferencial es una medida que le permite al Estado identificar las razones por las cuales un grupo poblacional o comunidad no goza o ejerce sus derechos humanos, de forma que pueda plantear políticas públicas, programas o medidas que modifiquen esa situación.
La protección del ambiente, los derechos humanos y el desarrollo sostenible son tres pilares fundamentales del Estado para lograr que todas las personas vivan en condiciones de dignidad.
La licencia de grave calamidad doméstica les facilita a los trabajadores atender situaciones familiares graves que impide su normal desarrollo laboral y amenaza los derechos fundamentales de su vida personal o familiar o le propina un grave dolor moral. Esta licencia le garantiza al trabajador su derecho al salario y al descanso pese a no prestar su servicio personal.
La familia de crianza no nace de vínculos biológicos, sino que surge de las relaciones de convivencia de continuo afecto, amor, protección, solidaridad, compresión, auxilio y respeto mutuo que logran consolidador un núcleo familiar. La Constitución Política protege los derechos y prerrogativas de los integrantes de este tipo de familia. Pese a lo anterior, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia vulnera los derechos de los familiares de crianza de las víctimas del conflicto armado, lo cual es una forma de discriminación y de revictimización.
En Colombia está permitido que los menores de edad trabajen si cumplen con las condiciones establecidas por la ley. Sin embargo, el Estado tiene la obligación de adelantar políticas para abolirlo y permitir que los niños ejerzan labores que fomenten su desarrollo personal.
El acoso sexual es una conducta que la sociedad reprocha porque genera en el acosado graves afectaciones que perturban sus derechos humanos y libertades individuales. En Colombia, se sanciona el acoso sexual en el marco del derecho penal, laboral, disciplinario o policivo, dependiendo del ámbito en el que se ocasione y su gravedad.
La educación es un pilar del Estado Social de Derecho que permite el desarrollo sostenible de la sociedad. El Estado tiene que garantizar su acceso continuo, de calidad, inclusivo, diferenciado, respetuoso y acorde a las necesidades del individuo y de las comunidades.
Prospectiva en Justicia y Desarrollo 