En Colombia, las organizaciones armadas al margen de la ley comenten delitos contra el medio ambiente y los recursos naturales. El Estado debe investigar y juzgar a los responsables de estas organizaciones para garantizar el derecho de todos a un ambiente sano, el desarrollo sostenible y la protección del ambiente.
El cambio climático ocasiona variaciones meteorológicos e hidroclimáticos que afecta a los seres humanos y los ecosistemas. Colombia ha aprobado leyes, decretos y políticas para reducir las causas del cambio climático, adaptarse a este y reducir los riesgos que produce.
El Estado y la sociedad tienen la obligación de proteger y mejorar la calidad del aire para que las generaciones presentes y futuras puedan gozar de sus derechos humanos. En Colombia, el 78% de la contaminación del aire proviene de vehículos, en especial de camiones y buses con motores diésel.
A nivel internacional se han buscado mecanismos de protección para la prevención, detención y denuncia de delitos ambientales. El Sistema de Gestión de Compliance es un instrumento que busca que las empresas internamente prevengan la comisión de delitos en el desarrollo de su actividad empresarial.
La educación ambiental es un derecho humano y un fin esencial del Estado que busca formar a la población en la protección del ambiente. El Estado, la sociedad y la familia son los responsables de garantizar su cumplimiento.
La protección del ambiente, los derechos humanos y el desarrollo sostenible son tres pilares fundamentales del Estado para lograr que todas las personas vivan en condiciones de dignidad.
