Cómo está protegido el empleo de madres y padres cabeza de familia en Colombia

En el país se reconoce el derecho a la estabilidad laboral reforzada a las personas que tienen bajo su cargo, en forma permanente, la responsabilidad de hijos menores propios, ajenos, o de otras personas incapacitadas para trabajar.

Por: Alejandro García Hernández

En un principio, solo se reconoció la estabilidad laboral reforzada a las mujeres cabezas de familia, para promover la igualdad real y efectiva entre ambos sexos. Se tuvo en cuenta la ‘carga’ que recae sobre ellas como cabeza de familia.

Sin embargo, en la sentencia C-1039-03 se reconoció que la estabilidad laboral reforzada busca proteger la unidad familiar y especialmente el bienestar de los menores. De esta forma, la protección se  extendió a los padres cabeza de familia.

La sentencia T-316-13 reconoció que el fundamento jurídico de la estabilidad laboral reforzada de las personas cabeza de familia no se encuentra en la ley, sino que se extrae de una interpretación sistemática de los artículos 5, 13, 42 y 44 de la Constitución Política de Colombia.

De dicha interpretación sistemática se extrae que el Estado tiene que proteger la unidad familiar y especialmente los derechos prevalentes de los niños sobre los derechos de los demás.

Por ello, se reconoce que el despido de la persona cabeza de familia puede ocasionar que su condición económica constituya una circunstancia de debilidad manifiesta, que vulnera los derechos fundamentales de los menores que están al cuidado del padre o madre cabeza de familia, quien encuentra en su salario su único ingreso económico.

En tal consideración, su protección se concede en el sector privado solo si se demuestra que el despido ocasionó una vulneración de los derechos fundamentales, tales como los derechos al mínimo vital y a la seguridad social de aquellos sujetos vulnerables que se encuentran a cargo de la persona cabeza de familia.

Por otro parte, conforme al artículo 2 de la ley 82 de 1993 y la sentencia C-964-03, se entiende que es cabeza de familia la persona que, siendo soltera o casada, ejerce la jefatura del hogar y tiene bajo su cargo, afectiva, económica o socialmente, en forma permanente, hijos menores propios u otras personas incapaces o incapacitadas para trabajar, ya sea por ausencia permanente o incapacidad física, sensorial, psíquica o moral del cónyuge o compañero permanente, o deficiencia sustancial de ayuda de los demás miembros del núcleo familiar.

El retén social es un mecanismo de los procesos de reestructuración del Estado establecido en la ley 790 de 2002, que busca garantizar la permanencia en el empleo a los servidores públicos con discapacidad, cabezas de familia sin alternativa económica y prepensionados.

En tal sentido, la sentencia T-638-16 consideró que la estabilidad laboral reforzada del retén social tiene su origen en principios consagrados en la Constitución Política. Por ello, se debe reconocer que la estabilidad laboral reforzada es un derecho fundamental y su protección debe extenderse a todos los ciudadanos en general. Ejemplo de ello es la extensión de dicha estabilidad a los servidores de carrera, en provisionalidad y de libre nombramiento y remoción.

Sin embargo, al no tener una regulación legal se configura un caso de omisión legislativa relativa, debido a que la figura de la estabilidad laboral de este grupo poblacional se reconoce a través de la figura del retén social, pero excluye a todas las personas cabeza de familia del sector privado.

Al respecto, la sentencia C-005-17 reitera que la omisión legislativa relativa se configura cuando existe un silencio por parte del legislador que vulnera garantías constitucionales, por la falta de regulación normativa en torno a materias constitucionales sobre las cuales el Congreso tiene asignada una específica y concreta obligación. Lo anterior se puede configurar en los siguientes casos:

  1. Cuando expide una ley que si bien desarrolla un deber impuesto por la Constitución, favorece a ciertos sectores y perjudica a otros.
  2. Cuando adopta un precepto que corresponde a una obligación constitucional, pero excluye expresa o tácitamente a un grupo de ciudadanos de los beneficios que otorga a los demás.
  3. Cuando al regular una institución omite una condición o un elemento esencial exigido por la Constitución.

La Corte Constitucional ha dicho que cuando se presenten los anteriores casos, se debe incorporar un significado ajustado a los mandatos constitucionales en el que se comprendan los supuestos que fueron indebidamente excluidos por el legislador.

En consecuencia, al reconocer que la estabilidad laboral reforzada de las personas cabeza de familia se extrae de preceptos constitucionales y que se reconoce legalmente con la figura del retén social, se concluye que dicha figura se encuentra en el segundo caso de omisión legislativa relativa, por lo cual tanto el Congreso como la Corte Constitucional pueden encontrarse facultados para dar fundamento legal a esta figura.

Actualmente, la estabilidad laboral reforzada de las personas cabeza de familia tiene un limitado alcance de protección, debido a que solo se aplica si se demuestra que el despido afectó derechos fundamentales.

De este modo, se ocasionan graves perjuicios a este sector poblacional, pues no se protege a los padres o madre cabeza de familia antes de que se ocasione el despido, se exige que sufra grave perjuicios para ser sujeto de protección y no resguarda de un despido sin justa causa.

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