Derechos de los vendedores informales en el Nuevo Código de Policía

Actualizado: 14 de marzo de 2018

La Policía ha multado a los vendedores informales por ocupar el espacio público desde el primero de agosto cuando entró a regir el código, sin considerar que las autoridades competentes primero deben ofrecer programas de reubicación o alternativas de trabajo formal, garantizándoles los derechos fundamentales al mínimo vital, al trabajo y a la vida en condiciones de dignidad. La autoridad policial también debe contar con la autorización de un proceso administrativo previo.

 Por: Alejandro García Hernández

El nuevo código de policía sanciona a las personas que ocupen el espacio público en violación a las normas vigentes. Según el código, la multa por dicha conducta es de 4 salarios mínimos diarios y si se comete dos o más veces, el agente debe decomisar o destruir el bien con el que incurre en la ocupación.

Vendedor ambulante

Vendedor informal en Bogotá. Foto: Darina.

La obligación de proteger el espacio público no es absoluta cuando entra en confrontación con el derecho al trabajo, el mínimo vital y el principio de confianza legítima de los comerciantes informales.

La sentencia C-211 de 2017 consideró que los vendedores informales, por su condición económicamente vulnerable, son un grupo de la sociedad que goza de especial protección constitucional.

Según la sentencia T-772 de 2003 los vendedores informales se dividen en tres clases:

  1. Vendedores informales estacionarios: se instalan de forma fija en un determinado segmento del espacio público, excluyendo el uso y disfrute del mismo por las demás personas de manera permanente, de tal forma que la ocupación del espacio subsiste aun en las horas en que el vendedor se ausenta del lugar, por ejemplo, mediante una caseta.
  2. Vendedores informales semi-estacionarios: no ocupan de manera permanente un área determinada del espacio público, pero ocupan en forma transitoria un determinado segmento del espacio público.
  3. Vendedores informales ambulantes: No ocupan el espacio público por llevar consigo los bienes y mercancías, no obstruyen el tránsito de personas y vehículos más allá de su presencia física.

Cambio abrupto de las situación jurídica de los vendedores informales ambulantes.

La Corte Constitucional, en sentencia T-772 de 2003, había determinado que los vendedores informales ambulantes no pueden ser sancionados por la autoridad de policía porque no ocupan el espacio público.

Sin embargo, en sentencia T-424 de 2017, la Corte Constitucional desconoció su propio precedente y dictaminó que los vendedores informales ambulantes si ocupan el espacio público y su protección constitucional se hace más etérea debido a que su natural movilidad no permite configurar una situación generalizada de confianza legítima. Por lo tanto, estos vendedores tienen que probar en cada caso particular la confianza legítima para que se le reconozca la protección constitucional.

En concepto de Prospectiva en Justicia y Desarrollo, este cambio jurisprudencial es un retroceso injustificado de los derechos sociales de los vendedores informales ambulantes que desconoce el principio de progresividad y de no regresividad de estos derechos humanos.

Lo anterior en consideración a que la Corte desconoció los requisitos de la sentencia C-428 de 2009 para declarar de forma constitucional una medida regresiva en el desarrollo de un derecho social. Esto es demostrar con datos suficientes y pertinentes que existen imperiosas razones que hacen necesario ese retroceso, esto se configura cuando:

  1. La medida busca satisfacer una finalidad constitucional imperativa.
  2. Luego de una evaluación juiciosa, resulta demostrado que la medida es efectivamente conducente para lograr la finalidad perseguida.
  3. Luego de un análisis de las distintas alternativas, la medida parece necesaria para alcanzar el fin propuesto.
  4. No afectan el contenido mínimo no disponible del derecho social comprometido.
  5. El beneficio que alcanza es claramente superior al costo que apareja.

La aplicación del Principio de Confianza Legítima desconoce derechos fundamentales

El principio de confianza legítima es una protección que el Estado otorga a los vendedores informales que han desarrollado su actividad comercial de manera prolongada, continúa y permanente.

La Corte Constitucional estableció que la confianza legítima nace de situaciones jurídica en la que el Estado crea, promueve o tolera la estabilidad de manera prolongada, continúa y permanente de los vendedores informales. Estas situaciones crea expectativas legítimas al vendedor informal de que su situación era jurídicamente aceptada y  que no iba a ser modificada intempestiva o bruscamente, de acuerdo a la sentencia T-424 de 2017.

La confianza legítima obliga a la administración a tomar medidas que faciliten la adaptación del afectado a la nueva situación. No obstante, el vendedor informal debe obrar de buena fe, de forma prudente y diligente para mantener la confianza legítima.

Lo anterior quiere decir que el Estado recupera el espacio público protegiendo los derechos de los vendedores informales y estos a su vez no deben obstaculizar o entorpecer la labor del Estado.

No obstante a lo anterior, la aplicación del principio de confianza legítima desconoce las situaciones de hecho que obligan a las personas a ser vendedores informales. Estas son situaciones intempestivas que obligan a las personas a ocupar el espacio público para conseguir un sustento que les permita vivir.

De forma que el desalojo de estos nuevos vendedores informales sin que se les ofrezcan alternativas de reubicación o de trabajo formal, por considerarse que no cumplen con el principio de Confianza Legítima, puede ocasionar la afectación de sus derechos fundamentales al mínimo vital, al trabajo y a la vida en condiciones de dignidad.

¿Cómo debe actuar el Estado para recuperar el espacio público?

La Corte Constitucional indicó que el Estado puede recuperar el espacio público si adelanta políticas públicas, planes y programas de reubicación o alternativas de trabajo formal para los vendedores informales que mínimo deben cumplir con los siguientes:

  1. Censar a los vendedores informales para el diseño e implementación de la política pública.
  2. Adelantar estudios cuidadosos y empíricos que atiendan la situación que padecen las personas a desalojar para contrarrestar los efectos nocivos de la recuperación.
  3. Acordar con los afectados las decisiones a adoptar.
  4. Informar al beneficiario sobre el lugar y las condiciones dentro de las cuales seguirán ejerciendo sus actividades.
  5. Brindar la oportunidad de capacitarse en áreas económicamente productivas que les permitan iniciar proyectos que puedan garantizarles ingresos aptos para atender sus necesidades en condiciones dignas.

Por lo anterior, la Corte determinó que la policía sólo podrá sancionar a este sector poblacional cuando la autoridad competente adelante programas de reubicación u ofrece alternativas de trabajo formal, con el fin de que se garantice a esta población los derechos fundamentales al mínimo vital, al trabajo y a la vida en condiciones de dignidad.

Así mismo, advirtió en la sentencia T-344 de 2015 que debe existir un proceso administrativo previo que autorice a la policía el desalojo de los vendedores para la recuperación del espacio público, garantizando el derecho a la defensa del ocupante que se pretende desalojar.

De esta manera, la autoridad de policía estaría actuando de manera ilegal e inconstitucional si recupera el espacio público que ocupan los vendedores informales sin que exista un proceso administrativo previo que lo autorice y sin que se les haya ofrecido programas de reubicación o de trabajo formal a este sector poblacional.

Dicha actuación del agente de policía constituye una falta disciplinaria gravísima conforme a la ley 1015 de 2006 artículo 34 numeral 14 que dispone que “apropiarse, ocultar, desaparecer o destruir bienes (…) de (…) particulares, con intención de causar daño u obtener beneficio propio o de un tercero”, y al numeral 18 que dice: “causar daño a la integridad de las personas o de los bienes, como consecuencia del exceso en el uso de las armas, de la fuerza o de los demás medios coercitivos”.

Además, la recuperación de espacio público sin considerar los derechos de los vendedores también constituye el delito de abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto y acarrea la sanción de multa y pérdida del empleo o cargo público.

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7 pensamientos en “Derechos de los vendedores informales en el Nuevo Código de Policía

  1. Gracias por apoyar nuestra labor como vendedores informales ambulantes por capacitarnos para tener conocimiento de las leyes que nos protegen y que no nos violen nuestros derechos

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  2. Debería ahondar un poco más en su afirmación según la cual “la aplicación del principio de confianza legítima desconoce las situaciones de hecho que obligan a las personas a ser vendedores informales. Estas son situaciones intempestivas que obligan a las personas a ocupar el espacio público para conseguir un sustento que les permita vivir.”

    El principio de confianza legítima se configura como una garantía a favor de los vendedores ambulantes cuando el estado PERMITE un uso irregular del espacio público. en tal sentido, el estado carecería de la posibilidad de ordenar y mantener el uso adecuado del espacio público y los derechos ligados a ello, como la libertad de locomoción; siempre que las condiciones económicas registren algún índice de desempleo.

    Pareciera que para usted, todo uso irregular estaría justificado por las motivaciones personales de quienes acuden a ello para procurarse un sustento. Si eso fuera así, eso mismo serviría como justificación para quienes deciden recurrir a otras formas irregulares del obtener ingresos, como por ejemplo, comercializar alimentos sin cumplir con las normas sanitarias o poner en funcionamiento un establecimiento comercial sin los debidos permisos y registros, e inclusive recurrir a delitos menores como el raponazo; justificándose en el hecho de que en general, los niveles de desempleo son muy elevados.

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    • Buen día Fernando

      En un Estado Social de Derecho se debe garantizar que las personas vivan en condiciones de dignidad. Esta obligación del Estado requiere que se deba analizar cada caso en particular para determinar si las personas gozan con una vida digna, y en caso de que no tengan estas condiciones, el Estado tienen la obligación de no agravar las circunstancias de la personas y la obligación de tomar medidas para garantizar sus derechos fundamentales.

      De otra parte, en el Derecho hay muchas disposiciones legales que obligan a los jueces a analizar las circunstancias fácticas de cada caso para determinar y analizar su tipicidad, antijuricidad, culpabilidad y sus circunstancias de agravación, atenuación o eximentes de responsabilidad.

      Prospectiva en Justicia y Desarrollo considera que el principio de confianza legítima desconoce las situaciones de hecho que obligan a las personas a ser vendedores informales. Por lo tanto, consideramos que lo correcto para recuperar el espacio público es estudiar cada caso en particular para evitar que se ocupe con fines distintos a garantizar las condiciones de vida digna de los vendedores informales y otorgando medidas alternativas de subsistencia a estas personas.

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    • Tal vez usted tenga un trabajo fijo o tenga buena fluidez económica o una familia pudiente pero personalmente a mi me a tocado escuchar a mis hijos decir que tienen hambre y me han botado a la calle por no tener como pagar arriendo me toco vivir en la calle y ahora que tengo ese puesto estacionario hambulante he podido llevar a casa el sustento a pesar que he tenido que pagar comparendos he incluso tengo que pagar uno por la suma de 833.000 multa tipo 4 por poder vender un tinto y teniendo que recibir groserías amenazas y ofensas por parte de los policias le parece eso justo

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  3. Yo estoy totalmente de acuerdo que se protejan a los vendedores ambulantes, tienen todo el derecho a subsistir y a debengar un salario asi sea producto de un trabajo informal, siempre y cuando dichos productos a comercializar no sean de caracter ilegal porque ahí si tendrian el derecho los agentes a incautar y quitar mercancias, por el contrario no veo porque tienen que quitarles la mercancía a estos vendedores!

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  4. Buen día; por circustancias de la vida, mi hijo, quien culminó sus estudios de Arquitectura, no ha sido posible ubicarse por lo que decidió colocar un trailer muy pequeño para poder vender tacos, labor que aprendió mientras estudiaba. son productos de buena calidad, totalmente higiénicos y a las personas que los consumen les gusta mucho, pero hemos estado por la calle 3 sur con carrera 70 en una squina, en donde no obstaculizamos el paso de vehículos y los residentes del sector nos han dicho que es bueno tener algo cerca diferente a lo que se ve en las calles, pero, pero la administración de un edificio al respaldo, al que no obstaculizamos el paso de peatones ni de ingreso al mismo, nos han enviado la pocicía en varias oportunidades, nos han hecho cambiar de esquina, pero aún así la señora loca como nos dicen los mismos integrantes del cuadrante los tiene cansados y deben hacernos mover, es inaudito que unas personas con trabajo fijo, a los que no se les interfiere en nada, solo por sentir que tienen poder hagan desmoronar a una familia, desbaratar una ilusión y una mejor forma de vida por engrandecer su ego…. y esta noche… a qué esquina llegamos? Con qué personas nos encontraremos? que difícil es, pero miremos en cada esquina la cantidad de venezolanos que hay y no los mueven, son aceptados sin problema, creo que nos va a tocar colocar un cartel que somos venezolanos.

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