A las personas con discapacidad (en especial a las mujeres con discapacidad psicosocial o intelectual) históricamente se les ha impedido ejercer libre y autónomamente su derecho a la libertad sexual y reproductiva por estereotipos nocivos inmersos en las sociedades. De igual forma, han sido víctimas de violencia sexual debido en parte a la situación de vulnerabilidad a la que las sociedades las ha puesto al imponerles barreras para su educación sexual y acceso a la justicia. Por esta razón, los Estados deben tomar medidas especiales para proteger y garantizar el derecho a la libertad sexual y reproductiva de las personas con discapacidad.

Por: Alejandro García Hernández