En Colombia, las organizaciones armadas al margen de la ley comenten delitos contra el medio ambiente y los recursos naturales. El Estado debe investigar y juzgar a los responsables de estas organizaciones para garantizar el derecho de todos a un ambiente sano, el desarrollo sostenible y la protección del ambiente.
En Colombia se sanciona el acoso sexual solo cuando se encuentre en el marco de una relación laboral, dentro de la competencia del Código Disciplinario Único o cumple con las condiciones para considerarse cómo delito. Sin embargo, existe un grave vacío en la legislación colombiana para sancionar los casos de acoso sexual que no cumplen con las anteriores condiciones.
La relatoría de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia compila en 14 secciones las decisiones adoptadas en el marco de la Jurisdicción Especial para la Paz. Estas determinaciones incidirán en los criterios que la JEP tendrá que construir en su proceso de implementación.
El Congreso nacional expidió la ley 1928 de 2018 que aprobó la adhesión del Estado colombiano al Convenio Internacional de Budapest, el cual busca la cooperación internacional entre los Estados para intensificar la lucha judicial contra la cibercriminalidad trasnacional.
