En Colombia, el discurso de odio contra ‘el vandalismo’ utilizado por el Gobierno y los medios de comunicación está estigmatizando y criminalizando la protesta social. Bajo este, el Gobierno justifica la represión violenta de la protesta social para supuestamente garantizar la seguridad de los ciudadanos con lo que se causa graves violaciones de los derechos humanos, se invisibilizan las situaciones de injusticia que se denuncian con la protesta social y se niega el diálogo social que es la base de las democracias.
