El mundo se encuentra en una crisis ambiental que exige acciones contundentes por parte de los estados para la protección de los ecosistemas y el logro de la sostenibilidad. En Colombia se han ejecutado acciones como la adopción del Acuerdo de Escazú en la Ley 2273 de 2022 y otras acciones penales que buscan sancionar delitos ambientales. Sin embargo, se requieren investigaciones interdisciplinares y articulación por parte de las instituciones ambientales. Es así como el Dr. Aníbal García, en videoconferencia de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, presenta este panorama desde el rigor histórico y penal. 

Por: Geraldine Murillo Rodríguez