El mundo se encuentra en una crisis ambiental que exige acciones contundentes por parte de los estados para la protección de los ecosistemas y el logro de la sostenibilidad. En Colombia se han ejecutado acciones como la adopción del Acuerdo de Escazú en la Ley 2273 de 2022 y otras acciones penales que buscan sancionar delitos ambientales. Sin embargo, se requieren investigaciones interdisciplinares y articulación por parte de las instituciones ambientales. Es así como el Dr. Aníbal García, en videoconferencia de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, presenta este panorama desde el rigor histórico y penal.
Por: Geraldine Murillo Rodríguez
El cambio climático, la protección de los ecosistemas y la justicia en asuntos ambientales se han vuelto desafíos en América Latina y el Caribe, no solo por la riqueza natural que tiene el continente sino también por la alta tasa de líderes sociales asesinados en la región. Colombia no se aleja de este panorama, puesto que es un país biodiverso que presenta una rica geografía donde converjan dos océanos, la selva amazónica y el complejo sistema de la cordillera de los Andes. Sin embargo, sufre profundos conflictos territoriales y ambientales, lo que obliga a la sociedad a exigir al Estado la protección de la riqueza natural para el logro de la justicia ambiental y social.
En la videoconferencia el Doctor Aníbal García, Magistrado Auxiliar de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia de Colombia estudia la Ley 2273 de 2022 (Acuerdo de Escazú) y expone el caso del Parque Nacional Natural de los Nevados (PNN), reconoce su importancia dentro del ecosistema colombiano, analiza la declaración del parque como sujeto de derechos por la Corte Suprema de Justicia y, por último, los delitos y sanciones que se pueden presentar y los desafíos a los que se debe hacer frente para su investigación y juzgamiento.
Cabe mencionar que la declaración del parque de los nevados como sujeto de derechos es fundamental para garantizar los derechos de la naturaleza, la dignidad humana y la calidad de vida para las comunidades de la región, ya que este ecosistema surte del recurso hídrico a las cuencas del río Cauca y Magdalena, dos de los principales ríos del país.
Ahora bien, el Dr. Aníbal resalta la importancia de la articulación institucional para la corresponsabilidad en el cuidado del PNN, teniendo en cuenta que en este territorio se presentan graves riesgos para el ecosistema como son: la ganadería extensiva, el turismo descontrolado, la destrucción de frailejones, el inadecuado manejo de residuos sólidos, la deforestación y la contaminación lumínica, lo cual implica una amenaza y un riesgo latente para el deshielo de los nevados que allí se encuentran. Este cuidado ambiental, si bien implica un compromiso por parte de la comunidad, es un llamado principal para que los organismos del Estado establezcan compromisos y sanciones acordes para la protección de esta reserva natural.
Los riesgos a los que se enfrenta el PNN se materializan en delitos, por lo que la Fiscalía General de la Nación tiene la gran responsabilidad social de investigar de manera interdisciplinaria, mediante cuerpos de investigación especializados con conocimientos ecológicos y biológicos, que permitan realizar procesos judiciales para juzgar a los responsables de delitos ambientales. Asimismo, el Dr. Aníbal García analiza el concepto de ecocidio el cual se encuentra incorporado en el Código Penal Colombiano en el Artículo 333, que se define como: “El daño masivo, destrucción generalizada o grave y sistemática de los ecosistemas”. Esto con el fin de comprender que los derechos de la naturaleza cuentan con un marco jurídico que los respalda.
Finalmente, garantizar los derechos de la naturaleza frente a unas amenazas complejas a nivel social y territorial, como las que se presentan en Colombia, exige una articulación entre el saber científico, las organizaciones sociales y el Estado con un rigor en el derecho penal. Lo expuesto por el Dr. Aníbal Garcia en esta videoconferencia es fundamental para comprender los mecanismos reales de judicialización ambiental y sus desafíos en el marco del Acuerdo de Escazú y de la crisis climática a nivel global.
Desde Prospectiva en Justicia y Desarrollo compartimos la videoconferencia como un insumo clave para la consulta, la elaboración de diagnósticos sólidos y la protección efectiva del Parque Nacional Natural de los Nevados.