Las personas con discapacidad tienen derecho a que el sistema de educación general asegure el acceso, permanencia y egreso de todos los alumnos cualquiera sea su diversidad funcional o situación de discapacidad. Para lo cual, se debe adoptar ajustes razonables para eliminar las barreras a la educación de las personas con discapacidad, la no remoción de dichas barreras implican una forma de discriminación a las personas con discapacidad.
Por: Alejandro García Hernández
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La educación es un pilar del Estado Social de Derecho que permite el desarrollo sostenible de la sociedad. El Estado tiene que garantizar su acceso continuo, de calidad, inclusivo, diferenciado, respetuoso y acorde a las necesidades del individuo y de las comunidades.
La Corte Constitucional calificó como reprochable y discriminatorio que en la capital colombiana la cobertura de la educación para los menores con afectaciones físicas o mentales obedezca a la demanda de cupos, y no a un plan para que todos los establecimientos de enseñanza de la ciudad puedan atender a esta población. Para la alta magistratura, el sistema de cupos causa que los infantes que necesitan algún tipo de apoyo, por su situación, se concentren en unas pocas instituciones educativas, lo cual los segrega.
Prospectiva en Justicia y Desarrollo 