La Personería de Bogotá realizó el ‘foro de la afrocolombianidad’ el pasado 21 de noviembre de 2018 donde resaltó la importancia del pueblo afrocolombiano en la construcción de la ciudad. Se expuso las causas de su vulnerabilidad y se propuso soluciones para garantizar sus derechos humanos.
La educación ambiental es un derecho humano y un fin esencial del Estado que busca formar a la población en la protección del ambiente. El Estado, la sociedad y la familia son los responsables de garantizar su cumplimiento.
Se cumplen 210 años del nacimiento del presidente Manuel María Mallarino. Su Gobierno logró restablecer la economía, mantener la paz, el orden, la concordia nacional y respetar y proteger las instituciones y los derechos. A lo largo de su vida se caracterizó por ser un educador.
En Colombia está permitido que los menores de edad trabajen si cumplen con las condiciones establecidas por la ley. Sin embargo, el Estado tiene la obligación de adelantar políticas para abolirlo y permitir que los niños ejerzan labores que fomenten su desarrollo personal.
Los integrantes de las personas jurídicas que cometen delitos contra los recursos naturales y el ambiente son responsables penalmente por su acción, omisión, negligencia o imprudencia. Además, la empresa puede ser vinculada al proceso penal y condenada a reparar los daños causados con los delitos.
La educación es un medio para el desarrollo de la sociedad. El Estado tiene que garantizar su acceso continuo, de calidad, inclusivo, diferenciado, respetuoso y acorde a las necesidades del individuo y de las comunidades.
La Corte solicita a la Gobernación del departamento y al Ministerio de Educación Nacional, revisar y ajustar los métodos para identificar la demanda educativa en la vereda La Cabaña, del municipio El Paujil, con el fin de establecer las necesidades reales de sus habitantes.
La Corte Constitucional calificó como reprochable y discriminatorio que en la capital colombiana la cobertura de la educación para los menores con afectaciones físicas o mentales obedezca a la demanda de cupos, y no a un plan para que todos los establecimientos de enseñanza de la ciudad puedan atender a esta población. Para la alta magistratura, el sistema de cupos causa que los infantes que necesitan algún tipo de apoyo, por su situación, se concentren en unas pocas instituciones educativas, lo cual los segrega.
