La educación ambiental es un derecho humano y un fin esencial del Estado que busca formar a la población en la protección del ambiente. El Estado, la sociedad y la familia son responsables de garantizar su cumplimiento.
El Enfoque Diferencial es una medida que le permite al Estado identificar las razones por las cuales un grupo poblacional o comunidad no goza o ejerce sus derechos humanos, de forma que pueda plantear políticas públicas, programas o medidas que modifiquen esa situación.
La participación en materia ambiental establece límites para la conservación de los recursos naturales, promueve el desarrollo sostenible, la distribución equitativa de los recursos naturales, la supervivencia humana, el ambiente sano y la buena calidad de vida.
La Sala Plena de la Corte Constitucional estableció que todas las personas, familias y comunidades potencialmente afectadas por la minería, tienen derecho a participar de manera libre, informada y efectiva en la definición de sus impactos, aunque no reivindiquen una identidad étnicamente diversa. Habla de ‘consulta previa’ para el caso particular de los habitantes de Marmato, Caldas, en la autorización de cesiones para los títulos mineros ubicados en la parte alta del cerro El Burro, productor de oro, que pasaron a manos de la empresa Gran Colombia Gold. La decisión plantea el reto al Estado de identificar y caracterizar las comunidades y garantizar el uso correcto de la consulta.
Prospectiva en Justicia y Desarrollo 