El derecho a la seguridad personal le genera al Estado la obligación de proteger a todas las personas. Los amenazados tienen derecho a ser protegidos de forma especial porque están expuestas a un riesgo que no están obligadas a soportar. Esto con el fin de prevenir, conjurar o mitigar la materialización de daños a estas personas.
Prospectiva en Justicia y Desarrollo 