Las personas despedidas por motivos discriminatorios tienen derecho a ser reintegradas en trabajo en condiciones que se garanticen sus derechos humanos y a recibir el mayor valor de la indemnización de ley o de los salarios y prestaciones dejados de percibir.
El Enfoque Diferencial es una medida que le permite al Estado identificar las razones por las cuales un grupo poblacional o comunidad no goza o ejerce sus derechos humanos, de forma que pueda plantear políticas públicas, programas o medidas que modifiquen esa situación.
La protección del ambiente, los derechos humanos y el desarrollo sostenible son tres pilares fundamentales del Estado para lograr que todas las personas vivan en condiciones de dignidad.
Los menores de edad tienen derecho a que sus padres asuman su custodia compartida de forma permanente y solidaria, así se encuentren separados. Sólo se puede asignar la custodia exclusiva a uno de ellos cuando se busca proteger los derechos prevalentes de los niños. En estos casos no se puede definir su cuidado por estereotipos familiares o actos discriminatorios.
Prospectiva en Justicia y Desarrollo analiza la ‘Constitución para la paz’, conformada por el contenido de la carta política que busca la construcción, consolidación y garantía de una paz estable y duradera. Todos los colombianos somos responsables de garantizar la paz.
En Colombia se ha reconocido que se debe proteger especialmente la permanencia en el empleo a las mujeres embarazadas y lactantes. Sin embargo, la Corte Constitucional ha reducido las garantías jurídicas de este derecho, ocasionando la desprotección de la mujer al inicio del embarazo y entre los tres y seis meses de lactancia.
La Corte Constitucional falló de forma positiva la tutela de la comunidad Patio Bonito que reclamó por el impacto del relleno sanitario de Barrancabermeja en derechos fundamentales como a la vida en condiciones dignas, a la salud, al agua, y al ambiente sano. El tribunal resaltó errores cometidos por la autoridad ambiental, por no tener en cuenta efectos de la operación de la empresa Rediba S.A., operadora del relleno que, pese a las deficiencias de la licencia, tampoco cumplió con las condiciones del cuestionado permiso.
La Corte Constitucional calificó como reprochable y discriminatorio que en la capital colombiana la cobertura de la educación para los menores con afectaciones físicas o mentales obedezca a la demanda de cupos, y no a un plan para que todos los establecimientos de enseñanza de la ciudad puedan atender a esta población. Para la alta magistratura, el sistema de cupos causa que los infantes que necesitan algún tipo de apoyo, por su situación, se concentren en unas pocas instituciones educativas, lo cual los segrega.
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