Las personas despedidas por motivos discriminatorios tienen derecho a ser reintegradas en trabajo en condiciones que se garanticen sus derechos humanos y a recibir el mayor valor de la indemnización de ley o de los salarios y prestaciones dejados de percibir.
La familia de crianza son aquellas que han consolidado un núcleo familiar por sus relaciones de convivencia continua, afecto, amor, protección, solidaridad, compresión, auxilio y respeto mutuo. La constitución política protege los derechos y prerrogativas de los integrantes de este tipo de familia.
En Colombia se sanciona el acoso sexual solo cuando se encuentre en el marco de una relación laboral, dentro de la competencia del Código Disciplinario Único o cumple con las condiciones para considerarse cómo delito. Sin embargo, existe un grave vacío en la legislación colombiana para sancionar los casos de acoso sexual que no cumplen con las anteriores condiciones.
Los trabajadores tienen derecho a ser indemnizados cuando son despedidos sin justa causa o los empleadores no cumplen con sus obligaciones y limitaciones en la terminación del contrato laboral, así exista justa causa del despido, tal como garantiza el debido proceso al trabajador.
La jornada máxima laboral les permite a los trabajadores vivir en condiciones de dignidad. Los trabajadores de la salud, de simple vigilancia y chóferes del sector privado tienen derecho a que se les respete la jornada máxima laboral. Los trabajadores en cargos de dirección, de confianza o de manejo tienen derecho al día obligatorio de descanso.
En Colombia los trabajadores se ven expuestos a distintas situaciones en donde su salud, integridad y vida se ven afectadas. Los empleadores tienen la obligación de brindar condiciones de protección y seguridad. Si el trabajador sufre un accidente de trabajo o una enfermedad profesional por culpa o negligencia del empleador tiene derecho a una indemnización por los perjuicios sufridos.
En Colombia se ha reconocido que se debe proteger especialmente la permanencia en el empleo a las mujeres embarazadas y lactantes. Sin embargo, la Corte Constitucional ha reducido las garantías jurídicas de este derecho, ocasionando la desprotección de la mujer al inicio del embarazo y entre los tres y seis meses de lactancia.
