El derecho a la seguridad personal le genera al Estado la obligación de proteger a todas las personas. Los amenazados tienen derecho a ser protegidos de forma especial porque están expuestas a un riesgo que no están obligadas a soportar. Esto con el fin de prevenir, conjurar o mitigar la materialización de daños a estas personas.
Prospectiva en Justicia y Desarrollo recuerda la existencia de los sistemas, nacional e internacional de protección de menores de edad víctimas de reclutamiento forzado, a propósito de la publicación del informe “Una guerra sin edad” del Centro Nacional de Memoria Histórica.
Todas las personas son libres de profesar la religión, culto o creencia de su elección. Sin embargo, su ejercicio no puede atacar o vulnerar el orden público, los derechos y libertades de los demás. En Colombia ha sobrepasado su límite al poner en riesgo el bienestar común y el orden social justo.
El Internet ha permitido la rápida interacción de las personas y la divulgación de la información, de opiniones y de ideas. Sin embargo, ha facilitado que a las personas se les afecte sus derechos a la intimidad, al buen nombre y la honra. Por ello, las personas están obligadas a ejercer con responsabilidad el derecho a libertad de expresión en el Internet y están sujetos a sus limites.
La comunidad internacional ha buscado abolir la pena de muerte en todas las circunstancias y lugares del planeta y estableció el 10 de octubre como el día mundial contra esa condena. Colombia abolió la muerte como castigo penal en 1910 y no puede restablecerla por ser parte del bloque de constitucionalidad.
Los requisitos para obtener una pensión aumentan en el país bajo el manto de la sostenibilidad financiera del sistema de seguridad social. Las exigencias obstaculizan el acceso y contradicen la razón del desarrollo progresivo del derecho a recibir un dinero en retribución a los años de trabajo.
El debate del sistema carcelario y penitenciario en Colombia por cuenta del hacinamiento no puede simplificarse a salidas de reducción de penas por benevolencia gubernamental o a beneficios por la futura visita papal. El problema es estructural. Prospectiva en Justicia y Desarrollo describe algunas recomendaciones.
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