Colombia: sin argumentos para agravar las condiciones de acceso a una pensión

Los requisitos para obtener una pensión aumentan en el país bajo el manto de la sostenibilidad financiera del sistema de seguridad social.  Las exigencias obstaculizan el acceso y contradicen la razón del desarrollo progresivo del derecho a recibir un dinero en retribución a los años de trabajo.

Por: Alejandro García Hernández

El principio de progresividad  de los derechos económicos, sociales y culturales se define cómo la obligación del Estado de avanzar continuamente en la satisfacción de los mismos hasta el límite de los recursos disponibles.

El Estado, entonces, no puede excusarse en la falta de recursos para ignorar las garantías a un mínimo de derechos que permita la vida en condiciones de dignidad.

Adicionalmente, este principio establece la prohibición de los gobiernos a adoptar las medidas que constituyan la regresividad de los derechos, salvo que el Estado justifique algunos motivos razonables.

Desarrollo en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos

El principio de progresividad en materia de seguridad social se encuentra consagrado en los artículos 2.1 y 9 del pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales (PIDESC), el preámbulo y los artículos 22 y 25.1 de la declaración universal de derechos humanos, preámbulo y artículos 1, 9 y 19 del protocolo del Salvador, el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 48 de la constitución política de Colombia.

pensionados

El Comité de derechos económicos, sociales y culturales (CDESC), intérprete autorizado del PIDESC, en su observación general No. 19 estimó que el derecho a la seguridad social incluye el derecho a no ser sometido a restricciones arbitrarias o poco razonables de la cobertura social existente, ya sea del sector público o del privado, así como del derecho a la igualdad en el disfrute de una protección suficiente contra los riesgos e imprevistos sociales.

Así mismo, el CDESC estimó que la adopción de medidas regresivas con respecto a la seguridad social está prohibida de conformidad con el Pacto.

Si el Estado adopta medidas regresivas debe demostrar que hizo un examen minucioso de todas las alternativas posibles y que las medidas están debidamente justificadas, teniendo en cuenta todos los derechos previstos en el Pacto y el contexto del pleno aprovechamiento del máximo de los recursos del Estado Parte.

De esta forma, el CDESC examinará detenidamente las medidas regresivas si:

  1. Hubo una justificación razonable de las medidas.
  2. Se estudiaron exhaustivamente las posibles alternativas.
  3. Hubo una verdadera participación de los grupos afectados en el examen de las medidas y alternativas propuestas.
  4. Las medidas eran directa o indirectamente discriminatorias.
  5. Si las medidas tienen una repercusión sostenida en el ejercicio del derecho a la seguridad social o un efecto injustificado en los derechos adquiridos en materia de seguridad social, o si se priva a alguna persona o grupo del acceso al nivel mínimo indispensable de seguridad social.
  6. Se hizo un examen independiente de las medidas a nivel nacional.

Por último, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Cinco pensionistas vs. Perú, estimó que el propósito y razón del desarrollo progresivo del derecho a la pensión es la creciente cobertura sobre el conjunto de la población, teniendo presentes los imperativos de la equidad social.

Desarrollo en la Corte Constitucional

La Corte en la sentencia C-428 de 2009 consideró que el principio de progresividad en la cobertura de la Seguridad Social y la prohibición de adoptar medidas, que constituyan un retroceso frente al nivel de protección ya alcanzado en materia de derechos sociales prestacionales, consiste básicamente en que el Legislador no puede desmejorar los beneficios señalados previamente en leyes, sin que existan razones suficientes y constitucionalmente válidas para hacerlo.

Así mismo, en la Sentencia T-104 de 2008 la Corte determina que el principio de progresividad pretende que el Estado brinde más y mejores servicios a un número mayor de personas, quienes serían beneficiarias de prestaciones superiores “en relación con cada uno de esos derechos sociales prestacionales”.

La Corte determinó en la Sentencia C-507 de 2008 que una medida se entiende regresiva cuando:

  1. Recorta o limita el ámbito sustantivo de protección del respectivo derecho.
  2. Aumentan sustancialmente los requisitos exigidos para acceder al respectivo derecho.
  3. Disminuye o desvía sensiblemente los recursos públicos destinados a la satisfacción del derecho sin verificar si se han cesado las necesidades que originaron la prestación

La jurisprudencia de la Corte  ha determinado que cuando el legislador decide adoptar una medida que implica un retroceso en relación a la protección alcanzada por la legislación anterior debe presumirse la inconstitucionalidad de la medida regresiva.

La Corte en la sentencia C-428 de 2009 estimó que las medidas regresivas pueden ser constitucionales cuando las autoridades demuestran, con datos suficientes y pertinentes, que existen imperiosas razones que hacen necesario ese retroceso en el desarrollo de un derecho social cuando:

  1. La medida busca satisfacer una finalidad constitucional imperativa.
  2. Luego de una evaluación juiciosa, resulta demostrado que la medida es efectivamente conducente para lograr la finalidad perseguida.
  3. Luego de un análisis de las distintas alternativas, la medida parece necesaria para alcanzar el fin propuesto.
  4. No afectan el contenido mínimo no disponible del derecho social comprometido.
  5. El beneficio que alcanza es claramente superior al costo que apareja.

Además, en dicha sentencia la Corte argumentó que la regulaciones regresivas sobre regímenes pensionales son posibles cuando existan circunstancias que lo ameriten y se encuentre plenamente justificado, tales como la defensa del interés general, la ampliación progresiva de la cobertura social o la realización de políticas sociales y económicas para lograr la sostenibilidad financiera del sistema de seguridad social y asegurar el bienestar de futuras generaciones.

Por último, en esta providencia la Corte estableció que en los casos anteriores deben consagrarse regímenes de transición, con el fin de garantizar la progresividad de los derechos sociales y para salvaguardar las expectativas de quienes están próximos por edad, tiempo de servicios o número de semanas cotizadas a adquirir el derecho a la pensión de vejez.

Reflexiones

El aumento de los requisitos para adquirir una pensión de vejez constituye una medida regresiva al derecho a la seguridad social. Al respecto, el Estado de Colombia ha argumentado que dichas medidas son justificables en razón a la defensa del interés general, la ampliación progresiva de la cobertura social, y la realización de políticas sociales y económicas para lograr la sostenibilidad financiera del sistema de seguridad social para asegurar el bienestar de las futuras generaciones.

Sin embargo, el aumento del tiempo de servicio o el número de semanas que exige la ley para adquirir el derecho a la pensión resulta una medida regresiva desproporcional que contradice el propósito y razón del desarrollo progresivo del derecho a la pensión, el cual es  el acceso a la pensión en la mayor parte posible de la población.

Colombia solo puede tomar una medida regresiva al argumentar la falta de recursos económicos si demuestra que ha realizado todo el esfuerzo para satisfacer, con carácter prioritario, sus obligaciones.

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