La comunidad internacional ha buscado abolir la pena de muerte en todas las circunstancias y lugares del planeta y estableció el 10 de octubre como el día mundial contra esa condena. Colombia abolió la muerte como castigo penal en 1910 y no puede restablecerla por ser parte del bloque de constitucionalidad.

Por: Alejandro García Hernández

La pena de muerte se configura cuando un Estado castiga con la pérdida de la vida a las personas que  cometen un delito. Para Ban Ki-Moon, ex-secretario general de Naciones Unidas, es una práctica cruel e inhumana que no tiene cabida en el siglo XXI.

Bloque de Constitucionalidad

Colombia ha ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su segundo protocolo facultativo.

El artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos limita la aplicación de la pena de muerte en los países que no la han abolido. En este sentido, la convención prohíbe restablecer la pena de muerte en los Estados que la han abolido y en los delitos que no contemplaban este castigo. También prohíbe imponer la pena de muerte por delitos políticos, a menores de 18 años, a mayores de 60 años y a mujeres embarazadas.

De este modo, la Convención sólo permite la pena de muerte en los países que no la han abolido, por lo delitos más graves, de conformidad con una ley anterior a la Convención que establezca tal pena, en cumplimiento de una sentencia ejecutoriada por un tribunal competente y garantizando el derecho a solicitar  amnistía, indulto o conmutación de la pena, sin aplicar la pena de muerte mientras la solicitud esté pendiente de decisión ante autoridad competente.

Símbolo de abolición de la pena de muerte sobre foto de cámara de ejecución. Foto: CACorrections y OpenClipart-Vectors.Adicional a lo anterior, el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos  establece la obligación del Estado  de garantizar que la ejecución de la pena de muerte no constituya el delito de genocidio.

El segundo protocolo facultativo del pacto estableció el compromiso internacional de abolir la pena de muerte para elevar la dignidad humana y desarrollar progresivamente los derechos humanos. De esta forma, los estados partes del protocolo se obligaron a abolir la pena de muerte.

En Colombia, el artículo 11 de la Constitución Política establece el derecho inviolable a la vida y la prohibición de la pena de muerte. Así mismo, el Estado hace parte de los anteriores instrumentos internacionales. Por lo cual, en el país se ha cerrado para siempre la puerta a restablecer la pena de muerte en cualquier circunstancia.

Debate sobre el restablecimiento de la pena de muerte

Hay una parte de la sociedad colombiana que pide que en Colombia se restablezca la pena de muerte sobre todo para violadores de niños y corruptos, aunque hay quienes la solicitan para muchos otros casos.

Esta tendencia de un sector de la sociedad ha encontrado eco en los medios de comunicación. Entre las notas ciudadanas de “Las 2 Orillas” se encuentran tres recientes artículos que promueven el restablecimiento de la pena de muerte. En primer lugar, Jorge Domínguez propone la pena de muerte a los corruptos con el objetivo de construir un país verdaderamente democrático con un futuro próspero. Así mismo, Christian Castillo considera que debe aplicarse la pena de muerte a los condenados por homicidio, delitos sexuales o por actos de corrupción, argumentando que esta condena es un avance para un desarrollo social, económico y político, se reducen las tasas de criminalidad y el gobierno puede dejar de gastar recursos en las cárceles para invertirlos en otros campos.

Lo más grave del asunto es que la presión de la sociedad y los medios ha generado que en la rama legislativa del poder público se trate el asunto con suma seriedad sin importar que la aprobación de la pena muerte va en contra del bloque de constitucionalidad de Colombia y de las obligaciones internacionales contraídas por Colombia.

En el 2003, el senador Jairo Clopsyofsky Ghisays presentó el proyecto legislativo 14 de 2003 que buscaba reformar el artículo de 11 de la Constitución Política de Colombia para aprobar la pena de muerte de los condenados por secuestro en concurso con homicidio y por terrorismo en concurso con homicidio. Dicho proyecto fue archivado por vencimientos de término.

En la actualidad, lo ocurrido con la niña Yuliana Andrea Samboni y la masacre de los niños en Caquetá generaron que la sociedad colombiana pidiera la aprobación de la pena de muerte a los asesinos y violadores de niños.

En estas circunstancias, la representante a la Cámara Olga Lucía Velásquez dijo que presentará un acto legislativo con el cual se instaurara la pena de muerte en este tipo de delitos. A lo cual los senadores Rodrigo Villalba Mosquera, José David Name y Horacio Serpa tuvieron que llamar a la calma a los colombianos y argumentar porque no es viable aprobar la pena de muerte.

Los senadores José David Name y Rodrigo Villalba coincidieron en que Colombia no tiene la seguridad jurídica para poder aplicarla y se cometen muchas injusticias. Por su parte, el senador Serpa considera que con su aprobación no desaparecen estos crímenes atroces y, por el contrario, estos son consecuencia del deficiente sistema de educación en valores del país.

Pese a lo anterior, la senadora y los senadores aceptan que en el país se puede restablecer la pena de muerte, vía acto legislativo.

En conclusión, los honorables congresistas y los sectores sociales desconocen por completo que el Estado debe reconocer y garantizar los derechos humanos consagrados en los tratados y convenios internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad, como son la Declaración Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Referencias

Domínguez, Jorge. “¿Hay democracia en Colombia?”. Las 2 Orillas. 11 de septiembre de 2017.

Castillo, Christian. “¿Es necesaria la pena de muerte en Colombia?”. Las 2 Orillas. 23 de septiembre de 2017.

Noticias RCN. “Gobierno y Congreso descartan pena de muerte en Colombia”. 16 de febrero de 2015.

Villalba, Rodrigo. “Castración química”. Congreso visible. 13 de diciembre de 2016

Serpa, Horacio. “Pena de muerte o política criminal”. Congreso visible. 14 de diciembre de 2016

Colprensa. “En el Congreso ya piden cadena perpetua y pena de muerte”. El colombiano. 6 de diciembre de 2016.

La W. “Cadena perpetua y castración química se abren paso en el Congreso”. 6 de diciembre de 2016