La Sala Plena de la Corte Constitucional estableció que todas las personas, familias y comunidades potencialmente afectadas por la minería, tienen derecho a participar de manera libre, informada y efectiva en la definición de sus impactos, aunque no reivindiquen una identidad étnicamente diversa. Habla de ‘consulta previa’ para el caso particular de los habitantes de Marmato, Caldas, en la autorización de cesiones para los títulos mineros ubicados en la parte alta del cerro El Burro, productor de oro, que pasaron a manos de la empresa Gran Colombia Gold. La decisión plantea el reto al Estado de identificar y caracterizar las comunidades y garantizar el uso correcto de la consulta.
Prospectiva en Justicia y Desarrollo 