Las exigencias que desde la Corte Constitucional se hacen tanto al Ejecutivo como al sector privado para que se garantice la participación de las comunidades en las regiones o se proteja el medioambiente, no puede ser interpretado como una posición mezquina o ‘tufillo ideológico’. El alto tribunal cumple en promover los derechos en una sociedad democrática.
Prospectiva en Justicia y Desarrollo 