Las exigencias que desde la Corte Constitucional se hacen tanto al Ejecutivo como al sector privado para que se garantice la participación de las comunidades en las regiones o se proteja el medioambiente, no puede ser interpretado como una posición mezquina o ‘tufillo ideológico’. El alto tribunal cumple en promover los derechos en una sociedad democrática.
Prospectiva en Justicia y Desarrollo en su análisis de jurisprudencia semanal se ocupa del estudio de la Sentencia T-445 de 2016. Allí la Corte Constitucional resuelve precisar que los entes territoriales poseen la competencia para regular el uso del suelo y garantizar la protección del ambiente, incluso si al ejercer dicha acción terminan prohibiendo la actividad minera.
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