Las personas con discapacidad tienen derecho a que el sistema de educación general asegure el acceso, permanencia y egreso de todos los alumnos cualquiera sea su diversidad funcional o situación de discapacidad. Para lo cual, se debe adoptar ajustes razonables para eliminar las barreras a la educación de las personas con discapacidad, la no remoción de dichas barreras implican una forma de discriminación a las personas con discapacidad.
Por: Alejandro García Hernández
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La accesibilidad a la vivienda es un componente esencial del derecho de las personas con discapacidad a la vivienda digna. Por lo cual, las barreras físicas que impiden o dificultan su acceso constituyen una carga desproporcional que vulnera este derecho humano. Por ende, el Estado y los particulares tienen el deber de adoptar ajustes razonables para evitar o eliminar los obstáculos que impidan o limiten el acceso a la vivienda de las personas con discapacidad.
Por: Alejandro García Hernández
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A las personas con discapacidad (en especial a las mujeres con discapacidad psicosocial o intelectual) históricamente se les ha impedido ejercer libre y autónomamente su derecho a la libertad sexual y reproductiva por estereotipos nocivos inmersos en las sociedades. De igual forma, han sido víctimas de violencia sexual debido en parte a la situación de vulnerabilidad a la que las sociedades las ha puesto al imponerles barreras para su educación sexual y acceso a la justicia. Por esta razón, los Estados deben tomar medidas especiales para proteger y garantizar el derecho a la libertad sexual y reproductiva de las personas con discapacidad.
Por: Alejandro García Hernández
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La prevención y erradicación de la violencia intrafamiliar es fundamental para que las personas puedan vivir de forma digna dentro sus familias y permitir que la familia cumpla con su función social como núcleo fundamental de la sociedad. La violencia intrafamiliar es causada por las diversas formas de discriminación estructural de la sociedad y por los conflictos intrafamiliares. Por lo que se debe prevenir y erradicar las diversas formas de discriminación y promover prácticas de resolución pacífica de conflictos dentro de la familia.
