La relatoría de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia compila en 14 secciones las decisiones adoptadas en el marco de la Jurisdicción Especial para la Paz. Estas determinaciones incidirán en los criterios que la JEP tendrá que construir en su proceso de implementación.
La Corte Constitucional exige a los beneficiarios (guerrilleros y fuerza pública) de la ley 1820 de 2016 que contribuyan a la satisfacción de los derechos de las víctimas. La JEP también tiene obligación de garantizar este derecho durante el desarrollo de los procesos judiciales.
Dos capítulos de importancia contiene la Ley 1820 de 2016, en el marco del Acuerdo Final de Paz: los beneficios judiciales que recibirán los guerrilleros de las Farc y los tratamientos especiales para los agentes del Estado, que cometieron delitos con ocasión al conflicto armado. Estos mecanismos persiguen el perdón judicial por algunos delitos, y sus diferencias son apenas de contenido ‘semántico’.
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