La Corte Constitucional exige a los beneficiarios (guerrilleros y fuerza pública) de la ley 1820 de 2016 que contribuyan a la satisfacción de los derechos de las víctimas. La JEP también tiene obligación de garantizar este derecho durante el desarrollo de los procesos judiciales.
El país registra 5 desapariciones forzadas en lo corrido del 2017 y es la cifra más baja desde 1985. Prospectiva en Justicia y Desarrollo se une a la sensibilización sobre las víctimas directas e indirectas de esa situación.
Prospectiva en Justicia y Desarrollo presenta un esquema sistemático del articulado del texto del Decreto Ley 589 del 5 de abril de 2017, por el cual se organiza la unidad en el contexto y en razón del conflicto armado.
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