La Magistratura que integra la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP puso en manos del Gobierno Nacional el proyecto de ley “Por medio del cual se adoptan unas Reglas de Procedimiento para la Jurisdicción Especial para la Paz – RPJEP”, que pasará por el filtro de los expertos del Gobierno para radicarlo ante el Congreso de la Republica. De modo que el Congreso tendrá el reto de aprobarlo en el menor tiempo posible.
La relatoría de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia compila en 14 secciones las decisiones adoptadas en el marco de la Jurisdicción Especial para la Paz. Estas determinaciones incidirán en los criterios que la JEP tendrá que construir en su proceso de implementación.
La Corte Constitucional exige a los beneficiarios (guerrilleros y fuerza pública) de la ley 1820 de 2016 que contribuyan a la satisfacción de los derechos de las víctimas. La JEP también tiene obligación de garantizar este derecho durante el desarrollo de los procesos judiciales.
La Sala Penal de la Corte continúa en la tarea de precisar situaciones jurídicas relacionadas con la jurisdicción de paz. Prospectiva en Justicia y Desarrollo analiza las providencias relacionadas con el proceso de extradición, la aplicación de la acción de habeas corpus y el derecho a la libertad transitoria condicionada y anticipada a agentes del Estado.
Prospectiva en Justicia y Desarrollo analiza decisiones de la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Superior de Bogotá y jueces, mediante las cuales se precisan la competencia y los requisitos que los jueces y fiscales deben atender al momento de estudiar la concesión de la libertad condicionada en la Jurisdicción Especial para la Paz. Se trata de las primeras líneas de la jurisprudencia frente a dichas concesiones de libertades.
El Gobierno expidió el decreto que define la situación jurídica de personas como militares y policías, previo a la implementación de la jurisdicción de paz. Vea en qué consiste la composición de la nueva regulación, a cargo de los jueces ordinarios, mientras se pone en marcha la JEP.
Dos capítulos de importancia contiene la Ley 1820 de 2016, en el marco del Acuerdo Final de Paz: los beneficios judiciales que recibirán los guerrilleros de las Farc y los tratamientos especiales para los agentes del Estado, que cometieron delitos con ocasión al conflicto armado. Estos mecanismos persiguen el perdón judicial por algunos delitos, y sus diferencias son apenas de contenido ‘semántico’.
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