La relatoría de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia compila en 14 secciones las decisiones adoptadas en el marco de la Jurisdicción Especial para la Paz. Estas determinaciones incidirán en los criterios que la JEP tendrá que construir en su proceso de implementación.
Durante 52 años Colombia esperó el momento en que esa guerrilla iniciara la entrega de su armamento. Las garantías jurídicas para la insurgencia avanzan en el Congreso, con el acto legislativo que sienta las bases de la Jurisdicción de Paz, y con el decreto presidencial para agilizar la Ley de Amnistía. Zonas veredales nunca estuvieron listas.
La guerrilla aparece en fotos y videos en canoas, buses, camionetas y en travesías en el monte con destino a los sitios de desarme. En redes sociales y medios de su propiedad posan con campesinos y comunidades locales dando abrazos, sonriendo y con pancartas que les dan la bienvenida. La logística de la insurgencia para dar la mejor ‘impresión’ posible ante las cámaras, en su caminar a las zonas veredales, contrasta con el desorden del Ejecutivo, que no encuentra justificaciones para explicar la falta de adecuación de los lugares a los que llegan las Farc para entregar su armamento.
El Gobierno reconoce dificultades en adecuación de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización y busca adaptarse a la situación. Pese a respuesta del Ejecutivo a los problemas, es evidente que hubo falta de planeación sobre el funcionamiento de los lugares destinados para el proceso de desarme y desmovilización.
El grupo guerrillero busca que a sus unidades se les conceda amnistía de delitos según lo firmado en el Acuerdo de Paz y que no se les detenga en su movimiento a las zonas de normalización. Para ello, se hace necesario el procedimiento especial para la paz o Fast Track, al cual debe darle vida la Corte Constitucional, y la suspensión de órdenes de captura. También se presentan problemas logísticos.
Prospectiva en Justicia y Desarrollo 