Gobierno se la jugó por desarme en zonas veredales que nunca terminaron de estar ‘adecuadas’

Durante 52 años Colombia esperó el momento en que esa guerrilla iniciara la entrega de su armamento. Las garantías jurídicas para la insurgencia avanzan en el Congreso, con el acto legislativo que sienta las bases de la Jurisdicción de Paz, y con el decreto presidencial para agilizar la Ley de Amnistía. Zonas veredales nunca estuvieron listas.

Por: Prospectiva en Justicia y Desarrollo

El fin del conflicto, nombre con el que se denomina uno de los capítulos del Acuerdo de Paz, es una realidad desde este miércoles 1 de marzo.

La guerrilla arranca el proceso de dejación de armas, que tardará 3 meses, según se define en el documento negociado y corregido en los 4 años que duró el diálogo entre la insurgencia y el Ejecutivo.

De acuerdo con el Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, los primeros pasos en el desarme será el registro de las armas, la destrucción del armamento inestable y el almacenamiento de las armas de acompañamiento.

Según Jaramillo, también se inicia la recolección del 30% de la totalidad del armamento de las Farc, tal como quedó consignado en el Acuerdo de Paz.

Y es que la aspiración del Gobierno es la de cumplir los plazos consignados en la negociación, que proyectan la entrega y disposición  total del armamento de la guerrilla para el día D+180, es decir el 1 de junio de este año.

“Tanto el Gobierno Nacional como las Farc hemos insistido en que los 180 días para la dejación de armas no varían, y que el acuerdo sobre el D+180 se va a cumplir”, destacó Jaramillo en una carta enviada a Naciones Unidas.

De esta manera, para el 1 de junio de 2017, según el Acuerdo de Paz, las Farc deben tener todas las garantías físicas y jurídicas para continuar con su proceso de desmovilización y reintegración a la vida civil.

Para esa fecha, las Farc estarían conformadas como movimiento político, y sería un hecho la puesta en marcha de la Jurisdicción Especial de Paz, JEP, y la amnistía para guerrilleros señalados de rebelión y delitos conexos relacionados con su pertenencia a esa organización armada.

Con la finalidad de cumplir con el cronograma, establecido en la negociación, el Gobierno se la está jugando en sacar de manera paralela y a ‘contrarreloj’ las acciones necesarias para que a inicios de junio las Farc ya no sean una organización armada.

En el Congreso avanza el acto legislativo que sienta las bases constitucionales para poner en marcha la JEP y, de hecho, ya está definido el comité de 5 delegados que escogerá a los magistrados que impartirán justicia en ese sistema judicial.

A su vez, el presidente Juan Manuel Santos firmó un decreto que busca agilizar la aplicación de la Ley de Amnistía, y ya hay avances en la conformación del cuerpo de protección al interior de la Unidad Nacional de Protección, UNP, que protegerá a miembros de las Farc que lo requieran, al cabo de su desmovilización.

Gobierno poco afanado en adecuación de zonas

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Persisten atrasos en adecuación de zonas de desarme. Farc estarán allá  3 meses más. Foto: Misión ONU Colombia

En medio del avance del proceso de desarme y de los actos que buscan dar garantías jurídicas a las Farc, el Gobierno luce resignado a que se logre la adecuación de las zonas veredales a las que llegaron los guerrilleros para entregar sus armas. Lea: Gobierno obligado a dar soluciones por errores en adecuación de zonas veredales

El Alto Comisionado para la Paz ha reconocido que incluso tres meses después de iniciada la implementación del acuerdo, persisten atrasos en la adecuación de esas zonas, pese a trabajos que allí se adelantan.

Si se tiene en cuenta que ya pasaron 90 días y que, según el Acuerdo de Paz, dichos lugares serán despejados por las Farc al cabo de 180 días, es decir el 1 de junio, se da por sentado, que los territorios en los que la guerrilla se desarmará nunca terminarán de estar en óptimas condiciones.

El Ejecutivo se la está jugando en que las Farc se resignen a vivir ‘con lo que haya’ en territorio, y con lo que se pueda adecuar en el tiempo que les queda en esas zonas. Es evidente que el Gobierno no piensa posponer la entrega de armas, ante las quejas de las Farc de falta de condiciones de esas zonas para vivir.

“En ninguna parte del Acuerdo el proceso de dejación de armas está sujeto al estado de los campamentos”, ha dicho un Sergio Jaramillo, que con esa frase deja claro que las peticiones de las Farc de ‘condiciones básicas’ para vivir en las zonas, dejaron de ser prioridad en la implementación del Acuerdo.

El alto comisionado ha respondido incluso a sugerencias de la misión especial de la ONU en Colombia, que en algún momento planteó que se aplazara la entrega de armas hasta finales de marzo.

“El alistamiento de los contenedores para llevar a cabo el proceso de dejación de armas de ninguna manera depende de que estén listos los campamentos”, le dijo Jaramillo a Naciones Unidas.

Así, si algo queda claro con el inicio del desarme de las Farc este 1 de marzo es que el fin del conflicto es una prioridad para el Gobierno, que se arriesga a sacar adelante el proceso en los tiempos acordados.

A favor del Ejecutivo está que su contraparte, las Farc, han dado muestras de que se someterán a las condiciones de los lugares de desarme y a dejar las armas,  siempre y cuando avancen los procedimientos que  garanticen su seguridad física y jurídica.

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