El Gobierno reconoce dificultades en adecuación de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización y busca adaptarse a la situación. Pese a respuesta del Ejecutivo a los problemas, es evidente que hubo falta de planeación sobre el funcionamiento de los lugares destinados para el proceso de desarme y desmovilización.

Por: Sergio García Hernández

Los primeros días del 2017 han transcurrido para el Gobierno en medio de dudas y reconocimiento de errores, que han dificultado la puesta en marcha de los lugares en los que las Farc dejarán las armas.

El Gobierno ha tenido que aceptar demoras en la adecuación de esos sitios, que se calculó en un principio en 20 zonas del territorio nacional.

Los retrasos se cuentan por impedimentos para el arrendamiento de algunas de las tierras destinadas para albergar a los guerrilleros, hasta por ausencia de condiciones sanitarias y de alimentación para los insurgentes que entregarán su armamento.

El  caso emblemático de esta situación sucede en Caño Indio, población ubicada en Tibú, Norte de Santander. El lugar está entre las 20 zonas de verificación, pero según reveló Caracol Radio allí “todavía se siguen negociando tierras donde los guerrilleros vivirán tres meses”. Lea: Santos necesita ‘poner la casa en orden’ en zonas de verificación

Según le dijo a ese medio Luis David Rincón, presidente de la Junta de Acción Comunal, por ahora se mantiene la primera etapa que incluye la negociación de los predios.

«Por el momento, lo que nosotros conocemos es que se han negociado algunos terrenos para tomar en arriendo. Ya han hablado con los dueños de las fincas pero se necesita que arranque esto».

A la situación de Caño Indio se le suma el anuncio del presidente Juan Manuel Santos de que en otras 4 zonas también hay problemas con el arrendamiento y que las Farc, como parte de sus acciones restaurativas, ayudarán en la adecuación de los lugares en los que ya se puede avanzar.

La situación con las zonas tiene como principal impacto las dudas sobre el cumplimiento del desarme antes del 31 de mayo de 2017, como inicialmente tenía proyectado la oficina del Alto Comisionado para la Paz del Gobierno, que lidera Sergio Jaramillo.

En rueda de prensa, Jaramillo expuso que “a los 180 días habremos terminado la dejación de armas pero continúa el proceso de reintegración”.

Las dudas, sin embargo, se centran en cuál es el periodo que se contempla en esos 180 días. El calendario inicial, que iniciaba el 1 de diciembre del año pasado ya no se cumplió, pues las Farc aún no están en las zonas, desplazamiento que se contemplaba para máximo el 31 de diciembre.

El Gobierno ha reconocido las demoras y lo cierto es que el cronograma inicial no se ha cumplido.

Sin embargo, el Ejecutivo busca responder a las dificultades con estrategias como que las Farc se desplacen a sitios de pre-agrupamiento, mientras las zonas están listas.

De hecho, el general Javier Flórez, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares y responsable de la seguridad en las zonas veredales, explicó que las Farc ya se encuentran en 51 puntos de pre-agrupamiento y que “el 90 % de los miembros del grupo están a menos de 10 kilómetros de las zonas”.

Las respuestas del Gobierno se dan sobre la marcha, trabajando con ‘lo que hay’ en terreno con el fin de avanzar en lo pactado en La Habana, de la forma más práctica posible.

Sin embargo, y pese a la intención del Ejecutivo de continuar con el proceso de desarme, para el país quedó claro que no hubo planeación ni organización logística para adecuar las zonas y que ahora lo único que queda es trabajar con elementos puestos sobre la marcha, con algo de improvisación y con la obligación de adaptarse a las dificultades.