El Estado colombiano fue condenado por detenciones ilegales, desplazamiento forzado y un asesinato producto de la falta de protección de 5 mujeres defensoras de derechos humanos, en operaciones militares en la comuna 13 en el 2002, momento en que en el lugar actuaban guerrillas y grupos paramilitares. La decisión tiene implicaciones para el proceso de paz y recuerda al país que sigue siendo foco de vigilancia de la Corte internacional.

Por: Prospectiva en Justicia y Desarrollo

La condena al estado colombiano, por los operativos militares que se realizaron en la periferia de Medellín en el 2002, obliga al país a pensar en estrategias que garanticen la protección de los defensores de derechos humanos, así como a diseñar políticas públicas para atender a las víctimas de desplazamiento forzado, en momentos en que se implementa el proceso de paz en Colombia.

La sentencia de la Corte Interamericana condenó al Estado por no haber protegido a 5 mujeres defensoras de derechos humanos en el 2002, en la comuna 13 de la capital antioqueña, en el marco de 4 operaciones militares, que se llevaron a cabo en la zona, en los Gobiernos de Andrés Pastrana y Álvaro Uribe.

Esta situación, según argumenta la Corte, fue determinante para que sobre ellas se llevaran a cabo detenciones ilegales, el desplazamiento de 4 de ellas y el asesinato posterior, en el 2004 de Ana Teresa Yarce.

De acuerdo con el tribunal, las mujeres fueron “privadas arbitrariamente de su libertad, obligadas a desplazarse y tras una serie de denuncias del actuar de grupos paramilitares en connivencia con la Fuerza Pública en la zona, fue asesinada la señora Ana Teresa Yarce el 6 de octubre de 2004”.

La condena de la Corte Interamericana incluye indemnizaciones por daños materiales e inmateriales, por parte del Estado hacia las 5 mujeres y, a su vez, la imposición de que se haga un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional, por los hechos sucedidos en Medellín.

Implicaciones de la sentencia para Colombia

Más allá de las sanciones concretas al Estado y la reparación que Colombia debe hacer a las mujeres, la condena tiene implicaciones directas en el proceso de paz y la atención al desplazamiento forzado vivido en el país.

La condena incluye que se debe brindar, “de forma inmediata, el tratamiento de salud y psicológico a las víctimas que así lo soliciten”.

Por marcar un precedente y por Colombia pertenecer al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, esta sentencia obliga a pensar al Gobierno colombiano en estrategias que brinden los tratamientos mencionados, para personas víctimas de desplazamiento forzado en el territorio nacional, como lo son las mujeres del caso sobre el que se pronunció la Corte.

Otra de las implicaciones de la sentencia es la confirmación de que el país sigue siendo foco de la Corte Interamericana, vigilante de que se garantice la protección de los derechos humanos, y cuyas decisiones Colombia tiene que cumplir.

El estar en el ‘ojo’ de la Corte obliga a Colombia a responder con políticas y estrategias que permitan que se garantice la protección de personas que trabajan por los derechos humanos.

Más aún, cuando en esa tarea el país está rezagado, pues en el 2016, hasta noviembre, unos 70 líderes sociales y defensores fueron asesinados, 30 de ellos luego del cese al fuego bilateral con las Farc, según un informe hecho por organizaciones y movimientos que analizan el tema.

A su vez la condena invita al Estado a promover el respeto de los derechos humanos de las comunidades en el proceso de paz que se adelante, y a que se garantice el cumplimiento de los mismos en el desarme y desmovilización de las Farc.

Además la sentencia, como precedente jurisprudencial, también obliga a Colombia a buscar la verdad y la justicia sobre lo sucedido en el conflicto entre el Estado y las Farc, para que se garanticen las sanciones por violaciones de derechos humanos en los tribunales de paz.

La condena, por lo tanto, reta al país a pensar en la importancia de la garantía y protección de los derechos humanos, así como en las sanciones cuando son violados, en medio del proceso de paz que busca el fin del conflicto con las Farc.