La relatoría de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia compila en 14 secciones las decisiones adoptadas en el marco de la Jurisdicción Especial para la Paz. Estas determinaciones incidirán en los criterios que la JEP tendrá que construir en su proceso de implementación.
La Corte Constitucional exige a los beneficiarios (guerrilleros y fuerza pública) de la ley 1820 de 2016 que contribuyan a la satisfacción de los derechos de las víctimas. La JEP también tiene obligación de garantizar este derecho durante el desarrollo de los procesos judiciales.
Prospectiva en Justicia y Desarrollo presenta una guía sobre el decreto que conforma el FCP. El fin de este trabajo es facilitar la comprensión del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición en la Jurisdicción Especial de Paz (JEP).
Avanza el desarme de las Farc en las zonas veredales. En principio, la guerrilla debería dejar sus armas completamente el día D+180 (1 de junio). A un mes y medio de esa fecha, se esperan anuncios del Gobierno que confirmen ese plazo. También avanza la implementación de decretos ley, con base en el acto legislativo que modificó la Constitución, los cuales desarrollan, entre otros, la unidad de búsqueda, la comisión de la verdad y el marco de acción del comité de selección de miembros del sistema integral de justicia.
Para Prospectiva en Justicia y Desarrollo es clave la acogida que han tenido los esquemas de estudio sobre los distintos instrumentos jurídicos, actos legislativos y decretos ley, relacionados con la implementación del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición en la Jurisdicción Especial de Paz, JEP. Por ello, se presenta el modelo sobre la conformación y funciones del Comité de Escogencia a cargo de la selección de los miembros del sistema, conforme a lo dispuesto en el Decreto Ley 587 de 2017.
Prospectiva en Justicia y Desarrollo analiza las situaciones que pueden presentarse para establecer la competencia de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP). En este sentido, es necesario atender el momento de comisión del delito, el tipo de delito, la fecha de ocurrencia en el que se ejecuta, las circunstancias sobre la extradición y el contexto.
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