Colombia debe garantizar derechos fundamentales de venezolanos refugiados

Los refugiados del país vecino han salido de su tierra perseguidos por su opinión política y por no conseguir trabajo, seguridad, alimentos ni medicinas. En Colombia, están en una circunstancia de debilidad manifiesta por su situación económica que pone en riesgo su derecho a la vida en condiciones dignas. El Estado tiene la obligación de no hacer más gravosa su situación y de darles ayuda humanitaria en las mismas condiciones que a los desplazados forzados por el conflicto interno.

Por: Alejandro García Hernández

En los últimos años la llegada de venezolanos a Colombia ha sido significativa y se ha intensificado en los últimos días.

Venezuela sufre una terrible crisis económica que no les permite a sus compatriotas obtener trabajo, seguridad, alimentos ni medicinas. La situación obliga a sus habitantes a abandonar su tierra para buscar en Colombia una oportunidad de supervivencia.

El territorio nacional permite la entrada de venezolanos al país solo si se encuentran en una de las siguientes situaciones:

  1. Calidad de turista: necesita demostrar solvencia económica, pasajes y hospedajes.
  2. Trabajador o estudiante: necesita tramitar la visa o la cédula de extranjería.
  3. Vivir en la frontera con Colombia: necesita tramitar la Tarjeta de Movilidad Fronteriza.
  4. Ser conyugue o compañero permanente de un colombiano: necesita tramitar la visa, la cédula de extranjería, el Permiso Especial de Ingreso y Permanencia, Permiso Especial de Permanencia o solicitar la nacionalidad por adopción.

Las cuatro situaciones restringen la entrada a Colombia de personas venezolanas, lo cual provoca la entrada ilegal de ellos. Por su situación de ilegalidad viven en condiciones de indignidad, debido a que se ven forzados a trabajar ilegalmente, sin seguridad social, vendiendo dulces o cantando en buses y calles.

El gobierno colombiano, a través de Migración, ha adoptado distintas medidas para la legalización de venezolanos y la expedición de sus documentos.

Sin embargo la oficina de migración sanciona a los empleadores que contratan a venezolanos que no cuenten con todos los documentos para trabajar y quienes se encuentran ilegalmente son deportados a Venezuela, lo cual pone en riesgo sus derechos fundamentales.

Esta situación causa la revictimización de los venezolanos, quienes por su condición económica  se desplazan forzosamente desde Venezuela a Colombia en búsqueda de un refugio.

Condición de refugiados de los venezolanos

Colombia es un Estado que es parte de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, adoptada en Ginebra en 1951 y ratificada el 10 de octubre de 1961.

El país también hace parte del Protocolo sobre el Estatuto de Refugiados, adoptado en Nueva York el 31 de enero de 1967,  a la cual se adhirió el 4 de marzo de 1980, y es un Estado signatario de la Declaración de Cartagena sobre Refugiados, suscrita el 22 de noviembre de 1984.

Venezolanos en colombia

Migración de venezolanos a Colombia junto a bandera de Venezuela al revés, símbolo del auxilio que claman los venezolanos.

Los instrumentos internacionales de derechos humanos definen a los refugiados como las personas que han huido de su país y no pueden o no quieren regresar a él por temor a ser perseguidas por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social u opiniones políticas; porque  su  vida,  seguridad  o  libertad  han  sido  amenazadas  por  la  violencia  generalizada,  la  agresión  extranjera,  los  conflictos  internos,  la  violación  masiva  de  los  derechos  humanos  u  otras  circunstancias  que  hayan  perturbado  gravemente el orden público.

Colombia dispuso que para adquirir la condición de refugiado es necesario realizar el trámite del decreto 1067 de 2015.

Sin embargo, la sentencia T-459/16 de la Corte Constitucional consideró que en Colombia no es fácil adquirir esa condición, debido a que dicho procedimiento no es sencillo y es demorado. Además hay víctimas que no inician el proceso por desconocimiento o por falta de acceso al mismo.

Sin embargo, para la Corte Constitucional el Estado no puede desconocer que las victimas abandonaron su país por alguna de las razones citadas  y son personas merecedoras de la protección internacional.

La Corte concluye que estas víctimas tienen la condición de refugiados de hecho y merecen un tratamiento digno que garanticen el respeto de sus derechos fundamentales.

De igual forma, el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia obliga al Estado colombiano a proteger especialmente a aquellas personas que por su condición económica se encuentran en circunstancia de debilidad manifiesta. En este sentido, la sentencia T-459/16 consideró que los refugiados gozan de protección especial en virtud de que su condición imposibilita la realización de su proyecto de vida.

Con base en ello se concluye que los refugiados venezolanos en Colombia tienen derecho a que el Estado les garantice mínimos derechos fundamentales y la falta de formalidades en la declaración de la condición de refugiado no es excusa para desconocer sus derechos.

Derechos mínimos que Colombia debe garantizar a los venezolanos

 Colombia se comprometió en los instrumentos internacionales a garantizar que los refugiados no sean discriminados, y a que la repatriación o traslado de ellos a otro país sea voluntaria.

El país también se comprometió con los refugiados a garantizarles la salud, la seguridad, la libertad de circulación, buscar su autosuficiencia, a realizar esfuerzos para erradicar las causas que provocan su condición, y a darles  las mismas condiciones de vida de sus propios nacionales en materia de educación, derechos laborales,  seguridad social, impuestos,  asistencia y socorro.

En tal sentido, los refugiados tienen derecho a recibir las mismas ayudas humanitarias que reciben los desplazados forzados por el conflicto interno en Colombia.

En el territorio nacional la sentencia T-025/04 de la Corte Constitucional reconoció que para garantizar las condiciones mínimas de dignidad a las víctimas de desplazamiento forzado es necesario que el Estado no agrave su situación de debilidad manifiesta y haga los gastos públicos para la ayuda humanitaria necesaria.

según la sentencia, con esas acciones los desplazados pueden satisfacer sus derechos a la vida, a la dignidad, a la integridad física, moral y psicológica, a la familia, a la unidad familiar y al mínimo vital.

La Corte también reconoció que los niños, mujeres cabeza de familia, personas con discapacidad o de la tercera edad y de otros grupos especialmente protegidos gozan de trato preferente.

Obligación de no hacer más gravosa la situación del refugiado

Colombia tiene la obligación de actuar de tal forma que no haga más gravosa la situación de debilidad manifiesta de los refugiados venezolanos, sea esta condición declarada o de hecho.

La convención sobre el Estatuto de los refugiados y su protocolo consagran la obligación del Estado de no expulsar ni imponer sanciones penales a los refugiados por encontrarse ilegalmente en el país.

Por el contrario, se debe legalizar la situación de refugiado y solo podrá expulsar a quienes estén en esa condición por razones de seguridad nacional o de orden público.

En el caso de expulsión o devolución el Estado debe conceder un plazo razonable para que el refugiado logre su admisión legal en otro país.

A su vez, no puede trasladar al refugiado al país donde su vida o libertad se ponga en riesgo, salvo que sea por razones de seguridad nacional o sea condenado por un delito grave que constituya una amenaza para la comunidad.

Por lo anterior, el Estado no debe deportar a los venezolanos refugiados a su país, debido a que allí pueden ser víctimas de persecuciones o de violencia que ponga en riesgo su integridad personal, su libertad y su vida.

Obligación de dar ayuda humanitaria

Colombia tiene la obligación de dar ayuda humanitaria en las mismas condiciones que las da para los desplazados forzados por el conflicto interno.

El Estado expidió la ley 1448 de 2011 que estableció los apoyos a las víctimas de desplazamiento forzado, estas tienen el objetivo de socorrer, asistir, proteger y atender sus necesidades de alimentación, aseo personal, manejo de abastecimientos, utensilios de cocina, atención médica y psicológica de emergencia, transporte de emergencia y alojamiento transitorio en condiciones dignas, y con enfoque diferencial, en el momento de la violación de los derechos o en el momento en el que las autoridades tengan conocimiento de la misma.

 Dicha ayuda humanitaria se divide en tres etapas:

  1. Atención Inmediata: es la ayuda humanitaria entregada a aquellas personas que manifiestan haber sido desplazadas y que se encuentran en situación de vulnerabilidad acentuada y requieren de albergue temporal y asistencia alimentaria.
  2. Atención Humanitaria de Emergencia: es la ayuda humanitaria a la que tienen derecho las personas u hogares en situación de desplazamiento y se entrega de acuerdo con el grado de necesidad y urgencia respecto de su subsistencia mínima.
  3. Atención Humanitaria de Transición: es la ayuda humanitaria que se entrega a la población en situación de desplazamiento que aún no cuenta con los elementos necesarios para su subsistencia mínima, pero cuya situación no presenta las características de gravedad y urgencia que los haría destinatarios de la Atención Humanitaria de Emergencia.

Por último, la ley 1448 estableció que cesará la condición de vulnerabilidad y debilidad manifiesta ocasionada por el hecho mismo del desplazamiento, cuando la víctima alcance el goce efectivo de sus derechos a través de sus propios medios o de los programas establecidos por el Gobierno Nacional.

Dicha obligación se extiende a los refugiados venezolanos que sean reconocidos por Colombia y no a los refugiados de hecho, debido a que las autoridades colombianas no tienen forma de brindar dicha asistencia si no se conoce la condición de refugiado.

Por lo anterior, el Estado también  está obligado en aumentar el acceso y agilizar el trámite que permita el reconocimiento de la condición de refugiado. De igual forma, los refugiados de hecho tienen el deber de adelantar dicho trámite.

Por último, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha establecido que el Estado tiene la obligación constitucional y legal de reservar el presupuesto necesario para proveer oportunamente la Ayuda Humanitaria de Emergencia.

Adicionalmente, reiterada jurisprudencia de dicha corporación ha dicho que la ausencia de recursos no puede convertirse en una excusa para someter al conjunto de la población desplazada a una espera desproporcionada de la asistencia (Sentencias T-690A de 2009, T-868 de 2008, T-496 de 2007, T-476 de 2008 y T-586 de 2009).

 Salidas del Estado de Colombia

El Estado colombiano debe garantizar a los refugiados las condiciones antes nombradas, pese a que cuenta con un limitado presupuesto para hacerlo.

El gobierno de Colombia puede mitigar la carga del gasto público que está obligado a soportar, solicitando  a  la  comunidad  internacional  ayuda  inmediata  para  los  refugiados  venezolanos,  tanto  en  forma  directa,  mediante  convenios  bilaterales  o  multilaterales,  como  a  través  de la Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)  y  otros organismos y agencias. Así mismo, puede buscar el traslado de los refugiados a otros países con el libre consentimiento de los refugiados venezolanos.

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