La Corte Constitucional exige a los beneficiarios (guerrilleros y fuerza pública) de la ley 1820 de 2016 que contribuyan a la satisfacción de los derechos de las víctimas. La JEP también tiene obligación de garantizar este derecho durante el desarrollo de los procesos judiciales.
Prospectiva en Justicia y Desarrollo recuerda la existencia de los sistemas, nacional e internacional de protección de menores de edad víctimas de reclutamiento forzado, a propósito de la publicación del informe “Una guerra sin edad” del Centro Nacional de Memoria Histórica.
Los menores de edad tienen derecho a que sus padres asuman su custodia compartida de forma permanente y solidaria, así se encuentren separados. Sólo se puede asignar la custodia exclusiva a uno de ellos cuando se busca proteger los derechos prevalentes de los niños. En estos casos no se puede definir su cuidado por estereotipos familiares o actos discriminatorios.
Todas las personas son libres de profesar la religión, culto o creencia de su elección. Sin embargo, su ejercicio no puede atacar o vulnerar el orden público, los derechos y libertades de los demás. En Colombia ha sobrepasado su límite al poner en riesgo el bienestar común y el orden social justo.
La participación en materia ambiental establece límites para la conservación de los recursos naturales, promueve el desarrollo sostenible, la distribución equitativa de los recursos naturales, la supervivencia humana, el ambiente sano y la buena calidad de vida.
Las parejas de las personas pensionadas o afiliadas al sistema de seguridad social tienen derecho a recibir la pensión de sobreviviente cuando su ser querido muere. La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia vulnera los derechos de las parejas de los afiliados al exigirles demostrar el requisito de convivencia por cinco años con el fallecido, el cual sólo es exigible a las parejas de los pensionados cuando pretenden ser beneficiarias de la pensión de sobreviviente de forma vitalicia.
Los trabajadores tienen derecho a ser indemnizados cuando son despedidos sin justa causa o los empleadores no cumplen con sus obligaciones y limitaciones en la terminación del contrato laboral, así exista justa causa del despido, tal como garantiza el debido proceso al trabajador.
El Internet ha permitido la rápida interacción de las personas y la divulgación de la información, de opiniones y de ideas. Sin embargo, ha facilitado que a las personas se les afecte sus derechos a la intimidad, al buen nombre y la honra. Por ello, las personas están obligadas a ejercer con responsabilidad el derecho a libertad de expresión en el Internet y están sujetos a sus limites.
La jornada máxima laboral les permite a los trabajadores vivir en condiciones de dignidad. Los trabajadores de la salud, de simple vigilancia y chóferes del sector privado tienen derecho a que se les respete la jornada máxima laboral. Los trabajadores en cargos de dirección, de confianza o de manejo tienen derecho al día obligatorio de descanso.
El Congreso nacional expidió la ley 1928 de 2018 que aprobó la adhesión del Estado colombiano al Convenio Internacional de Budapest, el cual busca la cooperación internacional entre los Estados para intensificar la lucha judicial contra la cibercriminalidad trasnacional.
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