La Estabilidad Laboral Reforzada por razones de salud busca garantizar los derechos a la dignidad, a la realización personal, a la integración social y al trabajo de las personas que se encuentran en condición de debilidad manifiesta por su estado de salud. No obstante, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha dictado sentencias que vulneran y amenazan los derechos fundamentales de estas personas.
En Colombia se ha reconocido que se debe proteger especialmente la permanencia en el empleo a las mujeres embarazadas y lactantes. Sin embargo, la Corte Constitucional ha reducido las garantías jurídicas de este derecho, ocasionando la desprotección de la mujer al inicio del embarazo y entre los tres y seis meses de lactancia.
Prospectiva en Justicia y Desarrollo analiza decisiones de la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Superior de Bogotá y jueces, mediante las cuales se precisan la competencia y los requisitos que los jueces y fiscales deben atender al momento de estudiar la concesión de la libertad condicionada en la Jurisdicción Especial para la Paz. Se trata de las primeras líneas de la jurisprudencia frente a dichas concesiones de libertades.
La Sala Plena de la Corte Constitucional estableció que todas las personas, familias y comunidades potencialmente afectadas por la minería, tienen derecho a participar de manera libre, informada y efectiva en la definición de sus impactos, aunque no reivindiquen una identidad étnicamente diversa. Habla de ‘consulta previa’ para el caso particular de los habitantes de Marmato, Caldas, en la autorización de cesiones para los títulos mineros ubicados en la parte alta del cerro El Burro, productor de oro, que pasaron a manos de la empresa Gran Colombia Gold. La decisión plantea el reto al Estado de identificar y caracterizar las comunidades y garantizar el uso correcto de la consulta.
Prospectiva en Justicia y Desarrollo analiza el perfil del juez que se requiere para responder a la sociedad colombiana, desde su autonomía e independencia, en un país en donde el 45% de su población desconfía de las instituciones judiciales.
La Corte Constitucional emitió un fallo en el que exige que en el establecimiento penitenciario del municipio caldense, se garantice en periodos de anormalidad en la distribución de agua, un abastecimiento diario del líquido vital potable equivalente a 25 litros por persona. Además, la corporación obliga a que a la población carceleria del lugar, estimada en unas 1570 personas, con un índice de hacinamiento del 3%, se les faciliten los utensilios para que puedan almacenar al menos 5 litros en las noches, para vaciar los baños y realizar las demás tareas de limpieza.
Colombia logró la repatriación de Sara María Galeano, condenada hace 7 años a cadena perpetua en la nación asiática por llevar cocaína hacia allí. El hecho es una conquista diplomática del Gobierno nacional. Desde una mirada jurídica, razones humanitarias y el principio de doble incriminación fueron claves para traer a la connacional de vuelta. Ahora, terminará de cumplir, en el país, una pena de 18 años y tres meses de prisión.
La Corte Constitucional ordenó que se haga consulta previa a comunidades que reclaman afectaciones por operación de Vetra, en Puerto Asís. Sin embargo, denegó la solicitud de suspensión de las actividades de la compañía del sector de hidrocarburos.
Las exigencias que desde la Corte Constitucional se hacen tanto al Ejecutivo como al sector privado para que se garantice la participación de las comunidades en las regiones o se proteja el medioambiente, no puede ser interpretado como una posición mezquina o ‘tufillo ideológico’. El alto tribunal cumple en promover los derechos en una sociedad democrática.
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