El acoso sexual es una conducta que la sociedad reprocha porque genera en el acosado graves afectaciones que perturban sus derechos humanos y libertades individuales. En Colombia, se sanciona el acoso sexual en el marco del derecho penal, laboral, disciplinario o policivo, dependiendo del ámbito en el que se ocasione y su gravedad.
La educación es un pilar del Estado Social de Derecho que permite el desarrollo sostenible de la sociedad. El Estado tiene que garantizar su acceso continuo, de calidad, inclusivo, diferenciado, respetuoso y acorde a las necesidades del individuo y de las comunidades.
Prospectiva en Justicia y Desarrollo recuerda la existencia de los sistemas, nacional e internacional de protección de menores de edad víctimas de reclutamiento forzado, a propósito de la publicación del informe “Una guerra sin edad” del Centro Nacional de Memoria Histórica.
Los menores de edad tienen derecho a que sus padres asuman su custodia compartida de forma permanente y solidaria, así se encuentren separados. Sólo se puede asignar la custodia exclusiva a uno de ellos cuando se busca proteger los derechos prevalentes de los niños. En estos casos no se puede definir su cuidado por estereotipos familiares o actos discriminatorios.
Actualizado: 15 de octubre de 2020
Los trans han sido históricamente víctimas de discriminación en todos los ámbitos de su vida. La Corte Constitucional ha desarrollado una amplia jurisprudencia que busca proteger y garantizar los derechos fundamentales de este grupo poblacional.
En Colombia, la Corte Constitucional reconoció que las personas tienen derecho a que se les practique el proceso de eutanasia cuando padecen un intenso sufrimiento físico o psíquico, proveniente de lesión corporal o enfermedad grave e incurable. Han pasado 25 años desde la primera vez que la Corte exhortó al Congreso de la República para que regule este derecho y aún no lo ha hecho, por lo que se ha creado un vacío jurídico que ha afectado el ejercicio de este derecho, pese a lo resuelto por la jurisprudencia y las resoluciones 825 de 2018, 2665 del 2018 y 971 de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social.
En el país se reconoce el derecho a la estabilidad laboral reforzada a las personas que tienen bajo su cargo, en forma permanente, la responsabilidad de hijos menores propios, ajenos, o de otras personas incapacitadas para trabajar.
Por: Alejandro García Hernández
En Colombia se ha reconocido que se debe proteger especialmente la permanencia en el empleo a las mujeres embarazadas y lactantes. Sin embargo, la Corte Constitucional ha reducido las garantías jurídicas de este derecho, ocasionando la desprotección de la mujer al inicio del embarazo y entre los tres y seis meses de lactancia.
La Corte Constitucional calificó como reprochable y discriminatorio que en la capital colombiana la cobertura de la educación para los menores con afectaciones físicas o mentales obedezca a la demanda de cupos, y no a un plan para que todos los establecimientos de enseñanza de la ciudad puedan atender a esta población. Para la alta magistratura, el sistema de cupos causa que los infantes que necesitan algún tipo de apoyo, por su situación, se concentren en unas pocas instituciones educativas, lo cual los segrega.
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