El tortuoso camino del derecho fundamental a morir dignamente

Actualizado: 16 de marzo de 2018

En Colombia, la Corte Constitucional reconoció que las personas tienen derecho a que se les practique el proceso de eutanasia cuando sufren una enfermedad o condición patológica en fase terminal. Han pasado 20 años desde la primera vez que la Corte exhortó al Congreso de la República para que regule este derecho y aún no lo ha hecho. Se ha creado un vacío jurídico que ha afectado el ejercicio de este derecho, pese a lo resuelto por la jurisprudencia y las resoluciones 1216 de 2015 y 825 de 2018 del Ministerio de Salud y Protección Social.

Por: Alejandro García Hernández

El derecho a morir dignamente ha sido reconocido en nuestro país como un derecho fundamental y autónomo para garantizar la vida en condiciones de dignidad, la autodeterminación de las personas y evitar el trato cruel e inhumano, interpretación que la Corte Constitucional estableció conforme a los artículos 11, 12 y 16 de la constitución política y 1, 3 y 5 de la Declaración de los Derechos Humanos.

Desde la sentencia T-493 de 1993, la Corte Constitucional reconoció que en ejercicio del derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad, las personas tienen la libertad de decidir si desean recibir un tratamiento médico o acudir a los servicios médicos. Debido a que esta decisión no vulnera ni amenaza los derechos de los demás y merece ser respetada.

Homicidio por piedad

En la Sentencia C-239 de 1997 se consideró que el homicidio por piedad, tipificado en el artículo 106 del código penal, no desconoce el derecho fundamental a la vida consagrado en el artículo 11 de la Constitución, pues la conducta que se ejecuta por piedad tiene el propósito de ponerle fin a intensos sufrimientos y esa motivación ha llevado al legislador a crear un tipo penal autónomo, al cual atribuye una pena considerablemente menor a la prevista para el delito de homicidio simple o agravado.

En dicha providencia la Corte indicó que para que se configurara este tipo penal se requiere que:

  1. El sujeto activo debe actuar por un sentimiento de piedad.
  2. El sujeto pasivo debe tener intensos sufrimientos derivados de lesión corporal, enfermedad grave o incurable.
  3. El sujeto pasivo no haya solicitado ayuda a morir o si la solicitó no se haya cumplido alguno de los siguientes requisitos:
  • Consentimiento libre.
  • Manifestación inequívoca.
  • Capacidad de comprender la situación.
  • Haber sido informado de forma seria y fiable acerca de su enfermedad, de las opciones terapéuticas y su pronóstico
  • Contar con la capacidad intelectual suficiente para tomar la decisión.
  1. Que el procedimiento de eutanasia no se haya llevado a cabo por un médico o que siendo médico, no hubiese sido autorizado para llevar a cabo el procedimiento.

A partir de esta sentencia se estableció que para garantizar el derecho fundamental a la dignidad humana, al libre desarrollo de la personalidad y el derecho a elegir, el paciente tiene derecho a escoger la forma en la que quiere morir cuando no pueda ser curado, padezca profundas aflicciones y haya certeza de que va a morir en poco tiempo después.

Lo anterior se debe a que a estos pacientes no están optando entre la muerte y muchos años de vida plena, sino entre morir en condiciones que él escoge, o morir poco tiempo después en circunstancias dolorosas y que juzga indignas. Condenar a estas personas a prolongar por un tiempo escaso su existencia, cuando no lo desea, equivale a un trato cruel e inhumano que anula su dignidad y su autonomía como sujeto moral.

En consecuencia, los médicos que ejecuten procedimientos de eutanasia no pueden ser objeto de sanción penal si el paciente tiene intensos sufrimientos derivados de lesión corporal, enfermedad grave o incurable, hay certeza de que no se puede curar y el paciente da su consentimiento, de la forma antes descrita, para que se ejecute el procedimiento.

Ley 1733 de 2014 “Consuelo Devis Saavedra”

El artículo 2 de esta ley definió que las personas con enfermedades en fase terminal son las que las que portan una enfermedad o condición patológica grave de carácter progresivo, irreversible, no susceptible de tratamiento curativo y con pronóstico fatal próximo o en plazo relativamente breve.

El artículo 3 de la Ley definió que las personas con enfermedad crónicas, degenerativas e irreversibles de alto impacto en la calidad de vida son las que portan una enfermedad con un carácter de larga duración, progresivo, irreversible, no susceptible de tratamiento curativo y ocasiona grave pérdida de la calidad de vida.

El artículo 5 establece que estos dos grupos de personas tienen derecho al cuidado paliativo, a desistir de manera voluntaria a tratamientos médicos, a la información, a una segunda opinión, a suscribir el documento de voluntad anticipada, a participar de forma activa en el proceso de atención y la toma de decisiones en el cuidado paliativo y al consentimiento de los familiares si el paciente es menor de 14 años o está inconsciente.

Por último, el artículo 4 define que los cuidados paliativos son aquellos que buscan mejorar la calidad de vida posible, controlar el dolor y otros síntomas. Estos buscan apoyar al paciente y a su familia de forma médica, social, espiritual y psicológica durante la enfermedad y el duelo.

Procedimiento de eutanasia

La Corte Constitucional, a través de la Sentencia T-970 de 2014, determinó que para autorizar el procedimiento de eutanasia debe cumplirse con los siguientes requisitos:

  1. El sujeto activo que realiza la acción u omisión tendiente a acabar con los dolores del paciente debe ser un médico.
  2. El sujeto pasivo debe padecer una enfermedad terminal.
  3. La enfermedad terminal produce intensos dolores desde el punto de vista objetivo y subjetivo. El objetivo implica que un especialista califique que la enfermedad cause mucho dolor. El subjetivo consiste en que el paciente determine si su dolor es un sufrimiento intenso y qué tan indigno es vivir con este.
  4. Consentimiento expreso, reiterado, libre, informado e inequívoco.

Consentimiento para practicar la Eutanasia

El paciente que solicite la muerte asistida deberá estar en capacidad de comprender la situación en la que se encuentra y expresar su consentimiento de manera expresa, reiterada, libre, informada e inequívoca.

El consentimiento libre implica que no existan presiones de terceros en la decisión del paciente, sino que el móvil de la decisión sea la genuina voluntad del paciente de poner fin al intenso dolor que padece.

Eutanasia

El consentimiento informado se trata de que los especialista deben brindar al paciente y a su familia toda la información seria, fiable, objetiva y necesaria sobre su enfermedad, las opciones terepéuticas y el procedimiento de eutanasia.

El consentimiento inequívoco consiste en que se debe asegurar que la decisión del paciente de provocar su muerte sea consistente y sostenida, y no sea el producto de episodios anímicos, críticos o depresivos.

El consentimiento puede ser previo, posterior, formal o informal:

  1. Es previo cuando antes de sufrir el suceso patológico la persona manifiesta, por cualquier medio, su deseo de que le sea aplicado algún procedimiento para garantizar su derecho a morir dignamente.
  2. Es posterior cuando la voluntad se manifieste luego de ocurrir el suceso patológico.
  3. Es formal cuando el consentimiento es dado por medio de un documento.
  4. Es informal cuando el consentimiento es dado de manera verbal.

Por último, el consentimiento también puede ser sustituto cuando la persona que sufre de una enfermedad terminal, se encuentra en imposibilidad fáctica para manifestar su consentimiento. En esos casos y en aras de no prolongar su sufrimiento, la familia podrá sustituir su consentimiento y se llevará a cabo el mismo procedimiento, de acuerdo a la sentencia T-970 de 2014.

Resolución 1216 de 2015

La resolución 1216 de 2015 del Ministerio de Salud y Protección Social, fijó el procedimiento, los parámetros generales y criterios para garantizar el derecho a morir dignamente, los cuales son:

  1. Prevalencia de la autonomía del paciente. Los sujetos obligados deberán analizar los casos atendiendo siempre a la voluntad del paciente.
  2. El derecho a morir dignamente no puede suspenderse en el tiempo, pues ello implicaría imponer una carga excesiva al enfermo. Debe ser ágil, rápido y sin ritualismo excesivo que alejen al paciente del goce efectivo del derecho.
  3. Implica que la voluntad del sujeto pasivo sea cumplida a tiempo, sin que se prolongue excesivamente su sufrimiento al punto de causar su muerte en condiciones de dolor.
  4. Los profesionales de la salud deberán ser neutrales en la aplicación de los procedimientos y orientados a hacer efectivo el derecho a morir dignamente. En caso que el médico alegue convicciones ético, moral o religioso que conduzcan a negar el derecho, no podrá ser obligado a realizar el procedimiento, pero tendrá que reasignarse otro profesional.

Sin embargo, la resolución regula de forma equivoca lo concerniente al consentimiento sustituto, debido a que lo confunde con el consentimiento previo. Según el artículo 15 de la resolución, si la persona mayor de edad se encuentra en incapacidad de manifestar su voluntad, la solicitud podrá ser presentada por quienes estén legitimados para dar el consentimiento sustituto, siempre y cuando la voluntad del paciente haya sido expresada previamente mediante un documento de voluntad anticipada.

Por lo contrario, el consentimiento sustituto es el que da la familia para llevar a cabo el procedimiento, debido a que la persona que sufre la enfermedad terminal, se encuentra en imposibilidad fáctica para manifestar su consentimiento y no lo hizo con anterioridad.

Pese a este error, no se le puede desconocer a la familia el derecho de consentir el procedimiento de eutanasia a su pariente, quien no puede manifestar su voluntad, objetivamente sufre intensos dolores, su estado de salud no tiene cura y se estima que va a morir en poco tiempo.

La Corte Constitucional, en sentencia T-721 del 12 de diciembre de 2017, respaldó la anterior interpretación al considerar que esta regulación iba en contra del sentido del consentimiento sustituto al condicionarlo a una manifestación previa y escrita. Por tal razón, la Corte ordenó al Ministerio de Salud y Protección Social que adecuara esta resolución de acuerdo a lo establecido en la sentencia T-970 de 2014 sobre consentimiento sustituto.

Resolución 825 de 2018

El Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución 825 de 2018 que reglamente el procedimiento de eutanasia de los menores de edad.

El artículo 8 de la resolución regula la solicitud del menor de edad entre 12 y 18 años a que se le practique el procedimiento de eutanasia para garantizar el derecho a morir dignamente. Se resalta de este artículo la necesidad de valorar si el menor comprende lo que implica el procedimiento y la importancia de que se reitere su voluntad, además de cumplir con los requisitos para practicar la eutanasia .

Los artículos 9, 10 y el parágrafo del artículo 3 regulan la solicitud del menor de edad entre 6 y 12 años a que se le practique el procedimiento de eutanasia para garantizar el derecho a morir dignamente. Esta regulación establece que excepcionalmente se podrá practica el procedimiento en este grupo poblacional cuando se compruebe que estos menores tienen un desarrollo neurocognitico y psicológico excepcional que le permite tomar esta decisión y su concepto de muerte alcance el nivel esperado de un niño mayor de 12 años. Se resalta de esta regulación  lo siguiente:

  1. Es obligatorio que concurra en la solicitud la persona que ejerce la patria potestad.
  2. Se debe revisar que el menor entre 6 y 12 años no haya expresado su voluntad por sugerencia, inducción o coacción.
  3. Es necesario valorar psiquiatricamente al menor para determinar si tiene el desarrollo antes descrito
  4. Debe cumplirse con el procedimiento del artículo 8.

Cómo se dijo anteriormente, el consentimiento sustituto que autoriza el proceso de eutanasia es la manifestación de voluntad que hace los parientes del paciente que está en imposibilidad fáctica de hacerlo, se estima objetivamente que sufre intensos dolores, que su estado de salud no tiene cura y tienen un pronóstico fatal próximo o en plazo relativamente breve .

Pese a lo resuelto por la Corte Constitucional en las sentencias T-721 de 2017 y T-970 de 2014, el Ministerio de Salud y Protección social volvió a regular de forma errónea este consentimiento debido a que de nuevo confunde el consentimiento previo con el sustituto.

Lo anterior, se debe a que el artículo 11 de la resolución establece que el consentimiento sustituto es la manifestación de  voluntad de quien ejerce la patria potestad del paciente menor de edad dirigida a reiterar su voluntad por la imposibilidad de hacerlo. De forma que este artículo establece que el consentimiento sustituto sólo puede darse cuando el menor haya solicitado previamente la aplicación del procedimiento.

De igual forma, de una interpretación sistemática de los artículos 3 y 11 de la resolución se deduce que esta regulación viola el derecho a morir dignamente porque no permite el consentimiento sustituto sobre los siguientes pacientes menores de edad en fase terminal:

  1. Los menores de 12 años edad.
  2. Los que presentan estados alterados de conciencia.
  3. Los que sufren de discapacidad intelectual.
  4. Los diagnosticados con trastornos psiquiátricos que alteren la competencia de entender, razonar y emitir un juicio reflexivo.

Pese a estos errores, no se puede desconocer el derecho a morir dignamente al paciente menor de edad que no puede manifestar su voluntad y los médicos estiman objetivamente que sufre intensos dolores, que su estado de salud no tiene cura y que va a morir en poco tiempo. Por tal razón, se le debe permitir a quien ejerce la patria potestad dar el consentimiento sustituto en los términos de la sentencia T-970 de 2014.

La eutanasia en el Congreso de la República

Desde la sentencia C-239 de 1997, la Corte Constitucional reconoció el derecho de morir dignamente y exhortó al Congreso de la República a regular dicho derecho. La Corte Constitucional consideró que cómo mínimo dicha regulación debe referirse a lo siguiente:

  1. Verificación rigurosa, por personas competentes, de la situación real del paciente: la enfermedad, la madurez de su juicio y la voluntad inequívoca de morir.
  2. Indicación clara de las personas que deben intervenir en el proceso.
  3. Circunstancias bajo las cuales la persona consiente su muerte.
  4. Medidas que deben ser usadas por el sujeto calificado para obtener el resultado filantrópico.
  5. Incorporación al proceso educativo de temas como el valor de la vida y su relación con la responsabilidad social, la libertad y la autonomía de la persona.

Sin embargo, la voluntad Política del Congreso para regular este derecho es nula. Han pasado 20 años sin que el congreso expida la ley que la regule. Durante estos años se han presentado seis proyectos de ley para regular el derecho a la eutanasia, el primero de ellos se radicó en el 2006 y todos han terminado archivados.

Finalmente, una última orden de la Corte Constitucional está contenida en la sentencia T-423 de 2017, en la que consideró que para garantizar el derecho fundamental a morir dignamente, el Ministerio de Salud y Protección Social debe hacer las gestiones necesarias para que en el país se practiquen procedimientos de eutanasia, verificando en cada caso la idoneidad y el cumplimiento de los requisitos para realizar dicho procedimiento, y se publicite a los pacientes su derecho a morir dignamente. Así mismo, exhortó al Congreso de la República para que proceda a regular este derecho fundamental.

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