Los actores armados ilegales se han disputado desde el 2015 el control del territorio en las cuencas de los ríos Truandó y Domingodó en el departamento del Chocó, el cual se ha intensificado desde marzo del presente año. Las comunidades indígenas y afrodescendientes son víctimas de estos enfrentamientos, han denunciado su situación al gobierno y no se les ha dado respuesta eficiente al riesgo y emergencia.

Por: Alejandro García Hernández

La confrontación y disputa territorial en Chocó  ha generado homicidios selectivos, intimidación, combates, hostigamientos, desplazamientos forzados, confinamientos, amenazas a líderes, reclutamientos forzados, la instalación de minas antipersona, decomiso de alimentos, limitaciones a la libre movilidad que impide el acceso a las zonas de cultivo, cacería y pesca.

Las organizaciones de afrodescendientes e indígenas han denunciado esta situación, sin embargo los gobiernos a nivel local, regional y nacional no han dado respuestas eficientes al riesgo y emergencias del desplazamiento que se ha presentado.

En menos de una semana dos personas de las comunidades han sido asesinadas en la cuenca del río Truandó. La comunidad indígena Wounaan Juin Duur (alrededor de 100 personas) tienen riesgo inminente de desplazamiento hacia la cabecera municipal de Riosucio, para proteger su vida frente a las amenazas en su territorio.

La población de la comunidad Emberá de Kiparadó La Loma, conformada por unas 38 familias, ha tomado la decisión de  permanecer  en el territorio, pues consideran que no hay garantías suficientes frente a la atención estatal que les podrían ofrecer en Riosucio, en caso que se desplacen. Esta situación, por supuesto, incrementa su riesgo.

Los integrantes de las comunidades negras de las cuencas de los rios Salaquí, Domingodó, Truandó y Jiguamiandó, ubicados en la subregión del Bajo Atrato (Riosucio y Carmen del Darién) han sido víctimas de graves vulneraciones a los Derechos Humanos.

Las comunidades que habitan estos territorios se han visto extremadamente vulneradas en sus derechos étnicos territoriales, a la vida, a la integridad, a la libertad y a la seguridad alimentaria.

En territorios de la margen oriental del río Atrato como La Larga Tumaradó, Pedeguita Mancilla, Curvaradó y Jiguamiandó, donde se adelantan procesos de restitución de tierras y de retornos de la población desplazada, se continúan presentando ataques, amenazas, y destrucción de los cultivos y los caminos comunitarios.

El 24 de agostos de 2017, la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) advirtió sobre la situación de riesgo de desplazamiento inminente de estas comunidades afrodescendientes e indígenas. También ha podido constatar como las amenazas y violaciones a sus derechos se han incrementado en lo que va corrido del año.

El 5 de mayo de 2017, la Defensoría del Pueblo solicitó al gobierno que atendiera la situación humanitaria de las comunidades indígena y afrocolombianas que desde el 2 de mayo se comenzaron a desplazar a Riosucio.

La Defensoría del Pueblo ha enviado numerosos informes y oficios  en donde advierte que el municipio de Riosucio se mantiene el riesgo de desplazamiento forzado y otras posibles afectaciones a la población.

Las autoridades nacionales, regionales y locales tienen la responsabilidad de proteger y garantizar los derechos de estas comunidades y deben actuar con celeridad frente a la situación de extrema vulnerabilidad que viven las comunidades afectadas en Chocó por las disputas del territorio por partes de actores armados ilegales.