El presidente visitó uno de los lugares en donde los guerrilleros de las Farc se desmovilizarán, en un escenario de crítica por denuncias ligadas a la ausencia de condiciones para su estadía, falta de rigor de la ONU en esos espacios e, incluso, de posibles casos de presencia de trabajadoras sexuales. A la situación se le suma el retiro del mecanismo de monitoreo de la insurgencia en el corregimiento de Conejo, del municipio de Fonseca (La Guajira).
En el año que terminó, la Corte Constitucional emitió una providencia que protege derechos fundamentales de dos mujeres a la libre circulación, la libertad personal y la no discriminación por su actividad. A su vez, se reafirmó que la prostitución no es un delito y que lo servicios sexuales no pueden equipararse a la venta de un objeto.
731 fueron víctimas de homicidios entre enero y octubre de 2016. Las más afectadas se encuentran entre los 20 y los 39 años. Entre tanto, el 85% de los casos de violencia sexual contra mujeres se presenta en niñas entre los 0 y 17 años.
El Índice de Percepción de Corrupción le da a Colombia 37 puntos sobre 100 posibles, en una escala que premia con altos puntajes a los países con mayor transparencia en su sector público. El caso de Odebrecht, una muestra de la vigencia de prácticas corruptas en el territorio nacional.
La Corte Constitucional calificó como reprochable y discriminatorio que en la capital colombiana la cobertura de la educación para los menores con afectaciones físicas o mentales obedezca a la demanda de cupos, y no a un plan para que todos los establecimientos de enseñanza de la ciudad puedan atender a esta población. Para la alta magistratura, el sistema de cupos causa que los infantes que necesitan algún tipo de apoyo, por su situación, se concentren en unas pocas instituciones educativas, lo cual los segrega.
En comisiones primeras conjuntas de Senado y Cámara fue votada por 45 votos contra cero la ley de amnistía para guerrilleros y militares. A su turno, la sección quinta del Consejo de Estado ordenó al Congreso avanzar en la implementación expedita de los acuerdos, y la semana pasada la Corte Constitucional aprobó el ‘fast track’. Todas ellas son acciones que evidencian respaldo de cada una de las ramas del Estado colombiano para terminar un conflicto de 52 años con las Farc.
La derrota del plebiscito del 2 de octubre y, ahora, la aprobación en el Senado del referendo que promueve la adopción solo para parejas heterosexuales son hechos contundentes que muestran que en el país las costumbres y la definición de moral, de parte de su población, pueden afectar situaciones ligadas a la gobernabilidad y desarrollo del país.
Una periodista de RCN le preguntó al presidente Juan Manuel Santos si el Nobel había sido comprado, debido a intereses noruegos. Ante el cuestionamiento, en una conversación con medios colombianos, el dirigente pidió responsabilidad, contexto, sentido común y sindéresis de realidad a los reporteros.
La Corte Constitucional tiene en sus manos la posibilidad de activar o tumbar el ‘fast track’, mecanismo que acelera la implementación del Acuerdo de Paz, con el rápido trámite de leyes que se necesitan para dar seguridad jurídica a las Farc, mediante la Jurisdicción Especial de Paz, o la Ley de Amnistía, en el Congreso. El país espera una decisión argumentada, independiente de sesgos políticos y que demuestre a la ciudadanía colombiana y demás países del mundo, la capacidad y fortaleza del alto tribunal.
El reconocimiento al presidente Santos llega en un momento en el que la ejecución de lo negociado entre las Farc y el Gobierno se encuentra estancado, debido a peticiones de la guerrilla, que se esperaban estuvieran resueltas para este momento. La premiación al Jefe de Estado pone de nuevo en el foco del país y del mundo un Acuerdo que necesita de la voluntad política e institucionalidad del país para su éxito.
Prospectiva en Justicia y Desarrollo 