Al momento de elaborar este análisis no se conoce el contenido de la sentencia de la Corte Constitucional que declara la inexequibilidad de los literales (h) y (j) del artículo 1 del acto legislativo 01 de 2016. Sin embargo, el contexto del asunto permite delinear algunas ideas para concluir que la decisión no le resta contenido a los propósitos previstos en la reforma constitucional en examen. Se trata de un ajuste ya esbozado en la sentencia c-699-16.
En comisiones primeras conjuntas de Senado y Cámara fue votada por 45 votos contra cero la ley de amnistía para guerrilleros y militares. A su turno, la sección quinta del Consejo de Estado ordenó al Congreso avanzar en la implementación expedita de los acuerdos, y la semana pasada la Corte Constitucional aprobó el ‘fast track’. Todas ellas son acciones que evidencian respaldo de cada una de las ramas del Estado colombiano para terminar un conflicto de 52 años con las Farc.
La Corte Constitucional tiene en sus manos la posibilidad de activar o tumbar el ‘fast track’, mecanismo que acelera la implementación del Acuerdo de Paz, con el rápido trámite de leyes que se necesitan para dar seguridad jurídica a las Farc, mediante la Jurisdicción Especial de Paz, o la Ley de Amnistía, en el Congreso. El país espera una decisión argumentada, independiente de sesgos políticos y que demuestre a la ciudadanía colombiana y demás países del mundo, la capacidad y fortaleza del alto tribunal.
El reconocimiento al presidente Santos llega en un momento en el que la ejecución de lo negociado entre las Farc y el Gobierno se encuentra estancado, debido a peticiones de la guerrilla, que se esperaban estuvieran resueltas para este momento. La premiación al Jefe de Estado pone de nuevo en el foco del país y del mundo un Acuerdo que necesita de la voluntad política e institucionalidad del país para su éxito.
Prospectiva en Justicia y Desarrollo 