La Corte Constitucional tiene en sus manos la posibilidad de activar o tumbar el ‘fast track’, mecanismo que acelera la implementación del Acuerdo de Paz, con el rápido trámite de leyes que se necesitan para dar seguridad jurídica a las Farc, mediante la Jurisdicción Especial de Paz, o la Ley de Amnistía, en el Congreso. El país espera una decisión argumentada, independiente de sesgos políticos y que demuestre a la ciudadanía colombiana y demás países del mundo, la capacidad y fortaleza del alto tribunal.