El esfuerzo del gobierno de consolidar una paz estable y duradera ha permitido que el mundo tenga una mayor confianza en el país. Los empresarios se encuentran interesados en invertir en los sectores del turismo, la agricultura, la minería, el petróleo, la infraestructura y la energía. Por ello, el Estado brinda condiciones para que las empresas nacionales aumenten sus inversiones y exportaciones.
Los jueces de la justicia de paz tendrán que definir sus fallos con base en las normas del derecho interno e internacional. Los crímenes que cometían los subordinados generan debate en el país.
Avanza el desarme de las Farc en las zonas veredales. En principio, la guerrilla debería dejar sus armas completamente el día D+180 (1 de junio). A un mes y medio de esa fecha, se esperan anuncios del Gobierno que confirmen ese plazo. También avanza la implementación de decretos ley, con base en el acto legislativo que modificó la Constitución, los cuales desarrollan, entre otros, la unidad de búsqueda, la comisión de la verdad y el marco de acción del comité de selección de miembros del sistema integral de justicia.
El Gobierno reconoce dificultades en adecuación de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización y busca adaptarse a la situación. Pese a respuesta del Ejecutivo a los problemas, es evidente que hubo falta de planeación sobre el funcionamiento de los lugares destinados para el proceso de desarme y desmovilización.
El presidente visitó uno de los lugares en donde los guerrilleros de las Farc se desmovilizarán, en un escenario de crítica por denuncias ligadas a la ausencia de condiciones para su estadía, falta de rigor de la ONU en esos espacios e, incluso, de posibles casos de presencia de trabajadoras sexuales. A la situación se le suma el retiro del mecanismo de monitoreo de la insurgencia en el corregimiento de Conejo, del municipio de Fonseca (La Guajira).
Un frío primer mes se cumplió tras la votación del plebiscito, que dejó como resultado la victoria del ‘No’ y a Colombia sin un Acuerdo Final con las Farc. El presidente Santos en el Reino Unido y el expresidente Uribe en ‘cónclave’, se apartan de los medios y lanzan cortas declaraciones sobre el futuro de la negociación, situación que acrecienta la incertidumbre sobre el destino de la paz.
El término de duración de la Jurisdicción Especial para la Paz, de 5 años, y el acatamiento de la cosa juzgada, en algunas situaciones, son los únicos planteamientos de la Corte que serían posibles. Los otros 3 postulados son de difícil implementación, por las características propias de la negociación.
El presidente dice que hay propuestas de sectores del ‘No’ que son inviables. Mientras, las Farc trazan sus líneas rojas. Tanto el Gobierno como la guerrilla les ponen límites a los escenarios planteados por quienes se opusieron al Acuerdo Final.
Cada día y hasta el lunes 3 de octubre, cuando se conozcan los resultados de la votación del plebiscito, Prospectiva en Justicia y Desarrollo publica un análisis sobre los puntos del Acuerdo Final. Sigue leyendo
El tercer punto del Acuerdo Final plantea la ruta para que las Farc dejen las armas en 180 días. También se mencionan elementos claves para la reincorporación a la vida civil de los desmovilizados, sobre todo en la garantía de su seguridad, una vez se desarmen. Además, se indica que el grupo político que resulte de la hoy insurgencia tendrá 10 curules en el Congreso.
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