El presidente dice que hay propuestas de sectores del ‘No’ que son inviables. Mientras, las Farc trazan sus líneas rojas. Tanto el Gobierno como la guerrilla les ponen límites a los escenarios planteados por quienes se opusieron al Acuerdo Final.

Por: Prospectiva en Justicia y Desarrollo

Luego de conocerse parte de las propuestas que el Centro Democrático y el Partido Conservador le entregaron al Gobierno, surgen los primeros gestos de desaprobación del Ejecutivo ante los documentos que llegan a la Casa de Nariño para reformar los acuerdos.

En Ibagué, el pasado 19 de octubre, con motivo del XXII Encuentro de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, el presidente Juan Manuel Santos dijo que hay propuestas de promotores del ‘No’, que son inviables por partir de “supuestos inaceptables”.

El jefe de Estado señaló que hay propuestas que sugieren que en Colombia nunca hubo conflicto armado, y que por lo tanto, no se pueden aplicar ni el Derecho Internacional Humanitario, ni la justicia transicional.

Tras esas palabras, el presidente hizo la que hasta ahora ha sido la más férrea defensa, luego de la derrota en el plebiscito, de los acuerdos, y lo hizo a favor de la Jurisdicción Especial para la Paz.

Santos señaló que “no debe ser vista como una amenaza para las jurisdicciones previstas en nuestra Constitución, pues no suprime ninguno de los órganos previstos en nuestra Carta fundamental, ni en la Ley Estatutaria de la administración de justicia”.

A su vez, el presidente agregó que la Jurisdicción Especial no afecta el presupuesto de la Rama Judicial, ni pretende desmejorar las calidades laborales de los funcionarios del sector.

“Por el contrario, la Jurisdicción Especial para la Paz –en el marco de la Justicia Transicional– se encuentra orientada hacia la aplicación de la Ley y la vigencia del Estado Democrático de Derecho”, anotó Santos.

La defensa del jefe de Estado de la jurisdicción para la paz se dio en un momento en el que las Farc han expresado que se prolongarían los diálogos, si se negocia de nuevo la justicia y se desmonta lo pactado en la Habana sobre ese tema.

“Sería un exabrupto revivir una discusión que nos llevó más de un año y medio, que fue una de las discusiones más duras y difíciles”, señaló ‘Timochenko’, el jefe máximo de las Farc, en diálogo con Caracol Radio.

Tras las posturas del Gobierno y de la guerrilla, la negociación de una nueva justicia para quienes cometieron delitos en el marco de la guerra es una propuesta de los promotores del ‘No’ que se diluye.

Los negociadores del Acuerdo no están dispuestos a ceder en ese punto, situación que ya ha provocado respuestas del Centro Democrático y los sectores conservadores que apoyaron el ‘No’.

En una carta, ese sector político encabezado por los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana, le pregunta al presidente Santos si acatará los resultados electorales del pasado 2 de octubre.

“Le hemos solicitado, igualmente, (al Presidente) expresar si respecto al acuerdo suscrito con las Farc el Ejecutivo está abierto a los cambios de fondo que demanda el mandato popular o si se limita a recibir documentos a través de sus secretarios para remitirlos a esa organización”, dice la carta enviada por los impulsores del ‘No’ al Jefe de Estado.

Con ese panorama, las ‘líneas rojas’ de las que habló la Canciller María Ángela Holguín, dos días después de la derrota del sí en el plebiscito, se ven con más claridad en cada uno de los sectores políticos del país.

En ese escenario se mueve ahora el destino de la paz, cuya próxima parada será la reunión que tendrá el Gobierno en La Habana con la guerrilla, en donde el Ejecutivo discutirá las propuestas del ‘No’ con las Farc.

Allí, según el mismo presidente, se buscará lograr un acuerdo a la mayor brevedad posible.