El término de duración de la Jurisdicción Especial para la Paz, de 5 años, y el acatamiento de la cosa juzgada, en algunas situaciones, son los únicos planteamientos de la Corte que serían posibles. Los otros 3 postulados son de difícil implementación, por las características propias de la negociación.

Por: Prospectiva en Justicia y Desarrollo

El lunes 24 de octubre la opinión pública colombiana conoció una carta de los 9 magistrados de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, dirigida al presidente Juan Manuel Santos, con 5 propuestas relacionadas a la aplicación de la justicia en el escenario de negociación entre el Estado y las Farc, luego de la victoria del ‘No’, en el plebiscito del 2 de octubre.

De las 5 propuestas solo 2 lucen probables. La historia de la negociación, que completa más de 4 años, vuelve difícil que la totalidad de los planteamientos de la Corte sean tenidos en cuenta en La Habana.

Las propuestas viables

1. La Corte propone que sea 5 años el término de duración de la Jurisdicción Especial para la Paz, prorrogables hasta en otro tanto.

Este planteamiento, que limita la aplicación de la justicia pactada en La Habana por hasta 10 años, es viable y puede ser aprobado en la negociación.

La jurisdicción de paz se entiende como una justicia transicional, contemplada a nivel internacional como necesaria y pactada en el marco de un proceso que permite el fin del conflicto y la vuelta a la paz.

Esa concepción universal de lo transicional permitiría que las Farc y el Gobierno, sin mayor reparo, aceptaran esta propuesta.

De hecho, en Colombia ya hay un antecedente. La Ley de Justicia y Paz, aplicada en la negociación entre el Gobierno y los paramilitares tuvo un plazo de 10 años, que se prorrogó hasta 15 años, lo que marca un precedente en el tema.

2. La Corte propone que el órgano de cierre sea la sala de casación penal de la Corte Suprema de Justicia, en unos casos específicos

Esta propuesta invita a que en 4 situaciones el órgano de cierre sea la sala penal de la Corte. Las excepciones serían para:

-Revisión de los procesos penales donde exista cosa juzgada al entrar en vigencia la justicia transicional.

-Resolución de los conflictos de competencia que se generen entre las jurisdicciones ordinaria o Militar con la Jurisdicción Especial para la Paz.

-La resolución de la acción de tutela contra las anteriores actuaciones.

-Trámites de extradición relacionados con hechos anteriores a la entrada en funcionamiento de la Jurisdicción, en los que se solicite a personas sometidas a ella.

Sobre este punto la presidenta de la Corte Suprema de Justicia Margarita Cabello ha argumentado a medios locales que se busca dar seguridad jurídica a las decisiones de justicia que ya fueron tomadas en las excepciones mencionadas.

La finalidad es que en el marco de la Jurisdicción de Paz no se tomen nuevas decisiones frente a lo que ya se juzgó y que solo se pueda hacer una modificación de las condenas.

La magistrada Cabello sustenta que se trata de dar “seguridad jurídica”, ante situaciones que ya han sido resueltas por la justicia ordinaria.

La propuesta, por lo que ha marcado la mesa de negociación en La Habana, es factible que sea aceptada, por ir en consonancia con los principios de verdad y responsabilidad de la Jurisdicción y porque no chocha con los cimientos de una justicia independiente, reclamada por la Farc.

 Las propuestas inviables

Tres son los planteamientos de la Corte que lucen imposibles de ser aceptados en la mesa de negociaciones. Las propuestas van en contravía de los parámetros fijados por el Gobierno y la guerrilla, que buscan un acuerdo definitivo con celeridad.

1. La Corte propone que la Jurisdicción Especial para la Paz, en la concepción de una justicia especial y transitoria, forme parte de la Rama Jurisdiccional del Poder Público

Esta es una propuesta similar a una del Centro Democrático, llamada ‘No a la justicia transicional por fuera de la Rama’.

Según el Centro Democrático, se debe «eliminar la denominada jurisdicción especial para la paz, para ser reemplazada por un sistema de justicia transicional al interior de la jurisdicción ordinaria de la justicia nacional».

La propuesta luce inviable pues, en consonacia con La Silla Vacía, uno de los ejes de todo el Acuerdo es el sistema de justicia transicional, construido por fuera de la Rama Judicial.

“Ese cambio es uno de los más difíciles de negociar precisamente por lo central del Tribunal, que al ser externo a la Rama Judicial no estaba sujeto a sus normas ni sus dinámicas, producía sentencias que no podía modificar ni tumbar ningún juez en Colombia, y podía aplicar el DIH en lugar del Derecho Penal ordinario”.

La Silla Vacía describe además que  quizás lo más importante es que al ser una “institución nacida del Acuerdo bilateral no equivale a someterse a la justicia del enemigo por parte de las Farc, como si hubiera sido derrotada en el campo de batalla”.

Por ello, esta propuesta de la Corte luce imposible, y su estudio en La Habana conllevaría tiempo, situación que iría en contra del objetivo del Gobierno de lograr con celeridad un acuerdo definitivo.

2. La Corte propone que los magistrados que integran la Jurisdicción Especial para la Paz sean colombianos

Otra propuesta que coincide con una del Centro Democrático. El partido del expresidente Álvaro Uribe propuso “No magistrados extranjeros” y afirmó que «los magistrados y fiscales en este sistema de justicia deberán ser colombianos” y que “se permitirá la participación de abogados extranjeros únicamente para actuar como defensores de las personas procesadas ante las Cortes de Paz».

El planteamiento de la Corte y del Centro Democrático es inviable, en principio, pues según La Silla Vacía existe una preocupación de las Farc de que los colombianos pueden “llegar cargados contra ellos y por eso incluyen alternativas para que haya abogados extranjeros presentes”.

A su vez, dice La Silla Vacía, el hecho que haya extranjeros “refuerza la idea de que serán juzgados bajo el Derecho Internacional Humanitario o leyes internacionales de la guerra y no el código penal colombiano, que simbólicamente tiene la connotación de ser juzgados bajo la ley del enemigo, como si hubieran sido derrotados”.

En este sentido esta propuesta de la Corte, coincidente con la de Uribe, es inviable por las posturas que desde inicio de la negociación marcaron las Farc y a las que el Gobierno accedió, luego de 4 años de diálogo.

3. La Corte propone que la Jurisdicción Especial de Paz debe aplicar preferencialmente el ordenamiento jurídico y la jurisprudencia nacional

Esta propuesta respalda la intención de las 2 anteriores. La Corte busca, como lo confirmó su presidenta a Bluradio, que la justicia transicional haga parte del poder judicial colombiano, es decir de la Rama.

“Debe estar o depender de alguna manera y en algunos temas de la justicia ordinaria”, aseguró la magistrada Cabello.

La propuesta presenta el mismo debate de fondo sobre el sometimiento a la justicia del enemigo, una idea que si bien es debatible, para las Farc hacen parte de su esencia política y su proyección de convertirse en un partido político, luego de una negociación con el Estado, por no ser vencidos en batalla tras 52 años. Lea: la carta completa de la Corte

En este sentido, las propuestas de la Corte, aunque su presidenta diga que no son para ser “una piedra en el zapato”, si apuntan a debates de largo aliento, lo cual va en contraposición con las exigencias no solo del Gobierno y las Farc, sino de la sociedad civil que, tras ver que las negociaciones llevan casi 5 años, viene exigiendo con multitudinarias manifestaciones un ‘Acuerdo Ya’.