La elegibilidad política de las Farc y la Jurisdicción Especial de Paz distancian a promotores del ‘No’, de la negociación lograda en La Habana entre el Gobierno y las Farc. Un nuevo acuerdo depende de la coherencia en las posturas, sobre esos 2 aspectos.

Por: Sergio García Hernández

Esta semana se cumple un mes de la votación del plebiscito, en donde triunfó el ‘No’ al Acuerdo Final, alcanzado entre las Farc y el Ejecutivo para terminar 52 años de conflicto entre esa guerrilla y el Estado colombiano.

Luego de un mes de la desaprobación del Acuerdo Final, persisten los abismos en las propuestas e ideas que tienen los diversos sectores políticos para lograr una negociación, que reúna los puntos de vista de las mayorías del país.

La elegibilidad política de miembros de las Farc, así como la justicia transicional que pactó el Gobierno con la guerrilla, son puntos que los promotores del ‘No’ desaprueban.

Esa posición se ha marcado como inamovible, por los voceros del ‘No’, desde el 2 de octubre a las 7 de la noche, cuando se vieron vencedores en la votación de ese día.

El Centro Democrático ha planteado, por ejemplo, un ‘No’ a que responsables de delitos graves o de lesa humanidad estén en curules de las Farc, y que la justicia transicional no esté por fuera de la Rama Judicial de los poderes del Estado.

Esas 2 posiciones las han acogido sectores del ‘No’ como inamovibles, y también se divisan como de difícil aceptación  por parte de la guerrilla.

Los puntos de vista distantes sobre justicia son espinosos debido a que, como indica La Silla Vacía, uno de los ejes de todo el Acuerdo es el sistema de justicia transicional construido por fuera de la Rama Judicial, algo que la conservadora Marta Lucía Ramírez,  y el expresidente Álvaro Uribe rechazan, porque lo ven como una forma de debilitar la institucionalidad.

“Ese cambio es uno de los más difíciles de negociar precisamente por lo central del Tribunal, que al ser externo a la Rama Judicial no estaba sujeto a sus normas ni sus dinámicas, producía sentencias que no podía modificar ni tumbar ningún juez en Colombia, y podía aplicar el DIH en lugar del Derecho Penal ordinario. Pero quizás lo más importante es simbólico y es que al ser una institución nacida del Acuerdo bilateral no equivale a someterse a la justicia del enemigo por parte de las Farc, como si hubiera sido derrotada en el campo de batalla”, reseña La Silla Vacía.

Entre tanto, la propuesta del Uribismo de que las curules especiales que se otorgarán por 8 años a las FARC en el Senado y la Cámara de Representantes, no sean ocupadas por personas que hayan sido condenadas por delitos de Lesa Humanidad o delitos graves puede cerrarle la puerta a que lleguen miembros del Secretariado, dependiendo de qué se entienda por ‘delitos graves’.

La Silla Vacía explica que “difícilmente las Farc aceptarán renunciar a la elegibilidad de sus líderes de por vida, pues el futuro de su éxito político dependerá de que sus líderes visibles puedan lanzarse”.

De esta manera, luego de un mes de la votación del plebiscito, los temas que generan diferencias entre quienes lograron el Acuerdo Final y los que se opusieron lucen igual de distantes a como se percibían el pasado 2 de octubre.

Los diálogos entre el Gobierno y los promotores del ‘No’ han servido para poner sobre la mesa los puntos que disgustan del Acuerdo a algunos sectores políticos del país. Sin embargo, esas conversaciones no han disminuido el abismo entre lo que se pactó en La Habana y lo que desean las cabezas de los opositores a los resultados de esa negociación.

Incluso, a las posiciones encontradas sobre un nuevo acuerdo se han sumado las dudas de otros actores de la institucionalidad, como las de la Corte Suprema de Justicia, que ha cuestionado puntos acordados en el mecanismo de justicia transicional. Lea: Solo 2 de las 5 propuestas de la Corte Suprema lucen viables para el acuerdo de paz

Es decir que el Gobierno y las Farc, un mes después de la derrota del plebiscito, están en un escenario en el que se han revalidado los puntos de vista de quienes se opusieron al Acuerdo, sin que haya atenuantes en la rigidez de esas posiciones,  y en el que aparecen nuevas inquietudes de sectores que se pensaba respaldaban una negociación que tardó más de 4 años en concretarse.

En ese contexto, luego de la votación del 2 de octubre, el gran pacto nacional que busca el expresidente Uribe o el nuevo Acuerdo incluyente que busca el presidente Juan Manuel Santos, para antes de la navidad, depende en gran medida de acuerdos en los puntos de elegibilidad y justicia para las Farc, lo que a su vez se traduce en que se ablanden los ‘inamovibles’.

La responsabilidad política, luego de la derrota del ‘Sí’, del éxito o fracaso del proceso de paz con las Farc queda, de esta manera, ligada a las propuestas que se hagan sobre la elegibilidad política de las Farc y la Jurisdicción Especial de Paz.

Los sectores políticos del país conocen que sus posiciones sobre esos 2 puntos marcarán el destino de la paz en Colombia. En esos 2 aspectos, luce clave que haya coherencia en lo que se propone y la posición que se adopta.

De esta manera, la paz más que estar como dice el presiente Santos a una “chispa” de incendiarse, pende de la prudencia y sentido de realidad en las discusiones que tengan lugar sobre elegibilidad política y la Jurisdicción Especial de Paz.