El tercer punto del Acuerdo Final plantea la ruta para que las Farc dejen las armas en 180 días. También se mencionan elementos claves para la reincorporación a la vida civil de los desmovilizados, sobre todo en la garantía de su seguridad, una vez se desarmen. Además, se indica que el grupo político que resulte de la hoy insurgencia tendrá 10 curules en el Congreso.

Por: Sergio García Hernández

El capítulo central del Acuerdo es quizás el número 3. Como título de ese punto se expone el ambicioso encabezado ‘Fin del Conflicto’, tres palabras que durante 52 años el país quiso ver plasmadas en un documento que, como el plebiscito, permite refrendar lo que antes no era posible  para millones de colombianos: la paz.

El titular no podía ser diferente, pues allí se condensa el acuerdo logrado para que las Farc entreguen sus armas, se reincorporen a la vida civil, ejerzan la política y las garantías para que en medio de esta transformación, los desmovilizados gocen de condiciones de seguridad que les permitan sobreponerse a acciones de grupos criminales, como lo son las organizaciones sucesoras del paramilitarismo.

De esa manera, en este capítulo quedan aplicadas en plenitud actividades avaladas a nivel internacional para lograr un escenario de posconflicto seguro y con amplias posibilidades de desarrollo, las cuales son identificadas como estrategias de ‘DDR’ o de ‘Desarme, Desmovilización y Reintegración’.

Entrega de armas

En el punto 3 se mencionan aspectos claves del proceso de desarme. Se indica que durante 180 días los militantes de las Farc entregarán sus armas en 23 Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN) y con el uso de 8 campamentos. La entrega será liderada por el Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MM&V), que buscará transparencia en el proceso de desarme, en pretención del cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo.

Sobre este procedimiento es clave comprender que el mecanismo de monitoreo reseñado será integrado por el Gobierno, las Farc y las Naciones Unidas, y que esta instancia será la que garantice un efectivo desarme, al dirimir las controversias surgidas en el proceso, y dar sus recomendaciones y reportes frente a lo sucedido en los 6 meses que durará la dejación de armas.

En este sentido, el MM&V da garantías de un desarme bien hecho, en el que se destruya el material inestable de elementos de guerra, se haga una entrega transparente, y para que la construcción planeada de los 3 monumentos, con esas armas entregadas, sea un símbolo de la paz, y no de burla a la sociedad colombiana.

Ese mecanismo, es entonces, el que garantizará un desarme efectivo y real, en donde se eviten actos como el de la entrega falsa de armas en el proceso de paz entre el Estado y los paramilitares, sucedido en años anteriores, por el que hoy son investigados funcionarios de gobiernos pasados.

 Desmovilización y Reincorporación

A la entrega de armas, según el punto 3, le siguen las actividades necesarias para el tránsito a la legalidad de quienes hoy en día son militantes de las Farc. El Acuerdo Final dispone que al partido político que resulte de la guerrilla se le garantice  un 10% de la apropiación presupuestal para el funcionamiento de los partidos y movimientos políticos hasta el 2026. Además, se expone que tendrá acceso a medios de comunicación, en las mismas condiciones que el resto de partidos en Colombia, así como condiciones de seguridad, para participar en la vida política nacional.

En este punto, se menciona uno de los temas que más escozor causa entre quienes promueven el ‘no’ al plebiscito en el país y es la garantía al movimiento político de las hoy Farc, de 5 escaños en el Senado y 5 en la Cámara de Representantes, durante 2 elecciones legislativas. Este acuerdo, sin embargo, luce apenas lógico en un escenario de posconflicto, que busca dar cabida política a quienes antes usaron sus armas y retaron al Estado. Es de hecho un pacto que se da por descontado en cualquier diálogo en búsqueda de la paz, a nivel mundial,  en un acto al que la comunidad internacional llama ‘el dividendo de la paz’.

La reincorporación también incluye el compromiso del Estado de ofrecer alternativas a la violencia a quienes se desarman y en este sentido en La Habana se pactó la creación de una “organización de economía social y solidaria”, llamada Ecomún. A través de ese ente los guerrilleros, en ese tránsito a la vida civil y que deseen emprender proyectos productivos, podrán encontrar financiación.

El Acuerdo es claro en temas de ‘plata’, y en eso hay que ser contundentes. 8 millones de pesos, por una sola vez, recibirán aquellos que entreguen sus armas y busquen iniciar su proyecto productivo. Además, durante 24 meses, los desmovilizados recibirán el 90% de un salario mínimo legal vigente y durante una sola ocasión podrán recibir una “asignación única de normalización” de 2 millones de pesos.

Lo anterior es otro punto que enfurece a quienes se oponen al plebiscito. De hecho, a nivel internacional no está bien vista la entrega de dinero a quienes se desmovilizan, por la sensación de injusticia causada en el resto de la población y la percepción de premio para el que combatió y cargó un arma.

Sin embargo, la sociedad colombiana debe entender que ese dinero se entrega por un tiempo determinado, mientras se da el tránsito a la vida civil a quienes dejan las armas,  y es condicionado a la creación de proyectos productivos. Es decir, no se está asegurando, ni mucho menos, el futuro económico de los militantes de las Farc.

Garantías de seguridad

Uno de los temas más repetitivos, recurrentes y subrayados, en el punto 3 del Acuerdo Final, es el de las diferentes estrategias y despliegue que el Estado a nivel regional y central  conformará para proteger la vida de quienes se desmovilizan, de los nuevos partidos políticos que se conformen, así como de las organizaciones sociales que tienen su marco de acción a nivel territorial.

Para ello, se conformará un Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política,  y una Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, entre otros entes, que tienen como objetivo garantizar la seguridad del entorno político del país, en una visión de seguridad que ha sido respaldada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, fundamentada en en las personas, el respeto por la Ley, las normas democráticas y la protección de los derechos humanos.

Este punto debe leerse como una garantía de quienes firmaron el Acuerdo Final de no ser asesinados o víctimas de violencia provocada por las una y otra vez reseñadas organizaciones criminales sucesoras del paramilitarismo, en un país que vio caer en su pasado a los líderes de la Unión Patriótica.

Con la demanda constante de seguridad termina el punto 3 del Acuerdo de Paz, titulado sin modestia ‘Fin del Conflicto’. Es claro que allí se apuntó a implementar elementos de DDR avalados a nivel internacional con el propósito de dar un final digno a las Farc, como grupo armado y catalogado durante años como terrorista (y que es seguramente lo que busca esa guerrilla).

Pero, sobre todo, este es un punto que permite soñar a Colombia en prospectiva como un territorio de paz, con el logro de una entrega de armas transparente y una reincorporación justa de los hombres y mujeres militantes de las Farc a la vida civil y política del país.