El presidente visitó uno de los lugares en donde los guerrilleros de las Farc se desmovilizarán, en un escenario de crítica por denuncias ligadas a la ausencia de condiciones para su estadía, falta de rigor de la ONU en esos espacios e, incluso, de posibles casos de presencia de trabajadoras sexuales. A la situación se le suma el retiro del mecanismo de monitoreo de la insurgencia en el corregimiento de Conejo, del municipio de Fonseca (La Guajira).
En comisiones primeras conjuntas de Senado y Cámara fue votada por 45 votos contra cero la ley de amnistía para guerrilleros y militares. A su turno, la sección quinta del Consejo de Estado ordenó al Congreso avanzar en la implementación expedita de los acuerdos, y la semana pasada la Corte Constitucional aprobó el ‘fast track’. Todas ellas son acciones que evidencian respaldo de cada una de las ramas del Estado colombiano para terminar un conflicto de 52 años con las Farc.
La Corte Constitucional tiene en sus manos la posibilidad de activar o tumbar el ‘fast track’, mecanismo que acelera la implementación del Acuerdo de Paz, con el rápido trámite de leyes que se necesitan para dar seguridad jurídica a las Farc, mediante la Jurisdicción Especial de Paz, o la Ley de Amnistía, en el Congreso. El país espera una decisión argumentada, independiente de sesgos políticos y que demuestre a la ciudadanía colombiana y demás países del mundo, la capacidad y fortaleza del alto tribunal.
El reconocimiento al presidente Santos llega en un momento en el que la ejecución de lo negociado entre las Farc y el Gobierno se encuentra estancado, debido a peticiones de la guerrilla, que se esperaban estuvieran resueltas para este momento. La premiación al Jefe de Estado pone de nuevo en el foco del país y del mundo un Acuerdo que necesita de la voluntad política e institucionalidad del país para su éxito.
El grupo guerrillero busca que a sus unidades se les conceda amnistía de delitos según lo firmado en el Acuerdo de Paz y que no se les detenga en su movimiento a las zonas de normalización. Para ello, se hace necesario el procedimiento especial para la paz o Fast Track, al cual debe darle vida la Corte Constitucional, y la suspensión de órdenes de captura. También se presentan problemas logísticos.
La Corte Constitucional analiza dos tutelas que seleccionó contra el plebiscito. En una se alegan afectaciones por la realización de la votación, en zonas donde impactó el huracán Matthew. También cursa la solicitud de amparo de derechos fundamentales, debido a que en la previa de los comicios del 2 de octubre, no se permitió la inscripción de cédulas para el plebiscito.
Juan Manuel Santos decidió refrendar el nuevo acuerdo de paz con las Farc por medio del Congreso colombiano, luego de que el documento se firme con las Farc este jueves 24 de noviembre en Bogotá. Su discurso se basa ahora en los poderes que le ofrecen las instituciones del país y ya no en argumentos populistas. El jefe de Estado aprendió la lección.
El Ejecutivo le dio una respuesta negativa a la propuesta de voceros del ‘No’ de lograr un pacto nacional para revisar el acuerdo e incluso cambiarlo, pues considera que esa tarea ya se hizo en las reuniones que siguieron al plebiscito. La oposición se debate entre aceptar lo renegociado y reclamar un merecido crédito político, o rechazarlo y exponerse a lucir como los derrotados del proceso de paz, pese a su victoria en la votación del 2 de octubre.
Las cabezas del partido Conservador y Centro Democrático, que promovieron la victoria del ‘No’ al Acuerdo de Paz con las Farc, se han unido para criticar al unísono la nueva negociación. Los opositores se compactan en un bloque político para las elecciones de 2018. Entre tanto, el presidente Santos avanza en la decisión de firmar el reciente pacto con la guerrilla.
El Gobierno aparta a los voceros del ‘No’ del eventual reconocimiento político por la firma del nuevo acuerdo de paz. Mientras, la oposición se resiste a dar el visto bueno al recién divulgado documento y lo condiciona a una revisión. El país corre el riesgo de volver a fragmentarse.
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