El Ejército de Liberación Nacional se adjudicó el atentado cometido en la zona de La Macarena en Bogotá, el pasado 19 de febrero, que le costó la vida al patrullero Albeiro Garibello Alvarado, de tan solo 23 años. El ataque al Esmad demuestra que esa guerrilla no piensa ceder en sus más caprichosos intereses políticos para lograr la paz. Al Ejecutivo se le agota la paciencia, con una organización que no cambia su pretensión de tener poder político a partir de las armas.
Cinco personas serán las encargadas de seleccionar a los juristas que investigarán y condenarán, según el marco establecido en la JEP, a los guerrilleros desmovilizados de las Farc. Este grupo tendrá la meta de elegir con transparencia e independencia, y a los mejores, para que se garantice la autonomía, credibilidad y eficiencia del sistema de justicia transicional negociado en La Habana.
Las emisoras comunitarias y proyectos locales de transmisión han sido tanto elementos informativos para poblaciones rurales como medios de ‘escape’ a la realidad de la confrontación armada en las regiones.
Prospectiva en Justicia y Desarrollo analiza las situaciones que pueden presentarse para establecer la competencia de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP). En este sentido, es necesario atender el momento de comisión del delito, el tipo de delito, la fecha de ocurrencia en el que se ejecuta, las circunstancias sobre la extradición y el contexto.
La guerrilla aparece en fotos y videos en canoas, buses, camionetas y en travesías en el monte con destino a los sitios de desarme. En redes sociales y medios de su propiedad posan con campesinos y comunidades locales dando abrazos, sonriendo y con pancartas que les dan la bienvenida. La logística de la insurgencia para dar la mejor ‘impresión’ posible ante las cámaras, en su caminar a las zonas veredales, contrasta con el desorden del Ejecutivo, que no encuentra justificaciones para explicar la falta de adecuación de los lugares a los que llegan las Farc para entregar su armamento.
La liberación de secuestrados en manos del ELN es la acción clave que permitiría avanzar en el proceso de paz que se abre con esa guerrilla. Entre tanto, las Farc, que ya están llegando a las zonas de desarme y que se encuentran a puertas de iniciar la dejación de armas, están en mora de entregar a menores de edad reclutados en sus filas.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia asegura que 64 líderes murieron el año pasado por atentados contra su vida. Para Indepaz, la cifra llegó a las 117 muertes. La situación lleva a preguntarse quién necesita protección en el país: ¿seguridad para las Farc o para los que están pagando con su vida el devenir de la negociación?
El presidente Santos anunció que en febrero comenzará la negociación formal de paz entre el Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional. El acuerdo se logró luego de que se pactara la liberación de Odín Sánchez. En otro intento por finalizar el conflicto, la conversación luce posible.
El Estado colombiano fue condenado por detenciones ilegales, desplazamiento forzado y un asesinato producto de la falta de protección de 5 mujeres defensoras de derechos humanos, en operaciones militares en la comuna 13 en el 2002, momento en que en el lugar actuaban guerrillas y grupos paramilitares. La decisión tiene implicaciones para el proceso de paz y recuerda al país que sigue siendo foco de vigilancia de la Corte internacional.
El Gobierno reconoce dificultades en adecuación de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización y busca adaptarse a la situación. Pese a respuesta del Ejecutivo a los problemas, es evidente que hubo falta de planeación sobre el funcionamiento de los lugares destinados para el proceso de desarme y desmovilización.
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