Cinco personas serán las encargadas de seleccionar a los juristas que investigarán y condenarán, según el marco establecido en la JEP, a los guerrilleros desmovilizados de las Farc. Este grupo tendrá la meta de elegir con transparencia e independencia, y a los mejores, para que se garantice la autonomía, credibilidad y eficiencia del sistema de justicia transicional negociado en La Habana.

Por: Prospectiva en Justicia y Desarrollo

La revista Semana confirmó los nombres de los integrantes del Comité de Escogencia que seleccionará a las personas que impartirán justicia, en el marco establecido por el Acuerdo de Paz, firmado entre el Gobierno y las Farc.

Este comité es creado, según el Centro Internacional de Justicia Transicional, ICTJ,   como “un mecanismo independiente e imparcial”, para seleccionar a los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, los comisionados de la Comisión de la Verdad y otros funcionarios de organismos para la implementación del componente justicia del acuerdo.

La comisión está integrada por:

• Claudia Patricia Vacca: química farmacéutica colombiana, docente de la Universidad Nacional con maestría en Efectividad Clínica y Sanitaria de la Universidad de Buenos Aires. Es directora del Centro de Pensamiento Medicamentos, Información y Poder. Fue elegida para el comité por la Comisión Permanente del Sistema Universitario del Estado.

• Diego García-Sayán: abogado y político peruano, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por 2 periodos consecutivos, designado por la ONU.

• Juan Méndez: abogado argentino, experto en derechos humanos, presidente emérito del Centro Internacional de Justicia Transicional, y quien fuese también asesor Especial para las Naciones Unidas sobre la Prevención del Genocidio y relator de la ONU sobre la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Es escogido por ICTJ.

• Álvaro Gil-Robles: abogado español, quien fue defensor del pueblo de España y Comisario de Derechos Humanos del Consejo Europeo. Fue elegido por el Consejo Europeo de Derechos Humanos.

• José Francisco Acuña: abogado colombiano, magistrado de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, que lo designó para integrar el Comité de Escogencia. Es doctor en Derecho de la Universidad de la Sapienza (Roma), reconocido como docente de la Universidad Nacional de donde también es graduado.

Cabe resaltar que estas cinco personas fueron escogidas por igual número de entidades que, tanto el Gobierno como la guerrilla, consideraron independientes y representativas, de diversos sectores de la sociedad nacional e internacional, capaces de escoger juristas autónomos y con suficiencia para implementar la agenda de justicia del Acuerdo de Paz.

 Los retos del comité

La tarea de este grupo es clave para el desarrollo del proceso de paz. Sus cinco miembros son quienes ahora deben escoger a las personas que garantizarán la implementación de un acuerdo sin impunidad y con sanciones.

La responsabilidad es de ‘quilates’, pues los juristas que escojan deben conocer de derecho penal, derechos humanos, derecho internacional y, sobre todo, haber estudiado con pinzas el marco de la Jurisdicción Especial de Paz descrito en el acuerdo.

El Comité de Escogencia, a su vez, tendrá que garantizarle al país que la selección de los magistrados sea hecha con transparencia, por medio de una convocatoria pública y alejada de las recomendaciones políticas e institucionales.

La misión de esa comisión es quizás el aspecto más relevante del proceso de paz, pues los juristas escogidos serán quienes tendrán que demostrar al mundo las bondades del acuerdo, tan divulgadas por el presidente Juan Manuel Santos.

Cabe recordar que en el aspecto de justicia del documento firmado por las Farc y el Gobierno, para dar fin al conflicto, establece dos procedimientos para garantizar las sanciones y los beneficios.

Por un lado está el mecanismo en “caso de reconocimiento de verdad y de responsabilidad”, que establece penas con una función esencialmente retributiva de pena restrictiva de la libertad de 5 a 8 años.

A su vez, se encuentra  el segundo procedimiento “en caso de ausencia de reconocimiento de verdad y de responsabilidad”, con sanciones con mayor severidad que van hasta 20 años de pena restrictiva. Lea: Prospectiva 7: Acuerdo sobre las víctimas del conflicto, parte 3

La seriedad del Acuerdo de Paz pende entonces de la actuación de los magistrados que el Comité de Escogencia seleccione, pues es claro que el ‘componente de justicia’, luego de una negociación es un aspecto clave, de un proceso de paz bien trabajado.

Por ejemplo, para el Consejo de Seguridad de la ONU la justicia transicional es clave en el  posconflicto pues es “un rango de procesos y mecanismos relacionados con los intentos de una sociedad de reconciliarse con el legado de abusos de gran escala del pasado”.

La garantía de justicia en Colombia está así en manos de cinco personas que tienen la responsabilidad de escoger a magistrados idóneos, que brinden garantías y que apunten a dejar un legado en el aspecto que más prevención genera en la opinión pública y más sensible del Acuerdo: la garantía de no impunidad para las Farc.