Las cabezas del partido Conservador y Centro Democrático, que promovieron la victoria del ‘No’ al Acuerdo de Paz con las Farc, se han unido para criticar al unísono la nueva negociación. Los opositores se compactan en un bloque político para las elecciones de 2018. Entre tanto, el presidente Santos avanza en la decisión de firmar el reciente pacto con la guerrilla.

Por: Prospectiva en Justicia y Desarrollo

Este lunes 21 de noviembre de 2016 podría ser recordado como el momento en el que quienes se opusieron al Acuerdo Final sacaron a la luz pública un interés en la elección de 2018, que supera la voluntad de llegar a un acuerdo con las Farc.

Este día era fácil de predecir. Los voceros del ‘No’ del partido Conservador y del Centro Democrático, desde el lunes 14 de noviembre cuando el nuevo acuerdo de paz fue divulgado, lanzaban críticas a la negociación alcanzada para salvar los acuerdos iniciales.

Esas pullas el ‘No’ las daban a cuentagotas. Una y otra vez se repetían que “estaban revisando los acuerdos”. En especial, el expresidente Álvaro Uribe, líder del Centro Democrático y principal vocero del ‘No’, se limitó a decir que  su equipo estaba culminando el estudio de los textos, para llegar a unas conclusiones y “después hablar con el Gobierno”.

Esa, en principio, cautela frente a lo acordado, con el pasar de los días se convirtió en una bola de nieve de críticas y descrédito de la nueva negociación.

Uno tras otro, los voceros del ‘No’ comunicaban, ya con ahínco, su oposición a lo pactado, a pesar de que varias de las propuestas que ellos hicieron fueron incluidas en el nuevo documento.

Los promotores del ‘No’ en los días siguientes a la divulgación del nuevo acuerdo dejaron de lado la cautela y se enfocaron en criticar que a las Farc se les permita participar en política y que no haya cárcel sino restricción de la libertad en zonas que defina el tribunal de la Jurisdicción de Paz.

Es decir, los del ‘No’ atacaron, quizás, los únicos puntos en los que las Farc no cedió y desconoció aquellos en los que la guerrilla dio su brazo a torcer, en parte gracias a la credibilidad que despierta el líder negociador del Gobierno, Humberto de la Calle.

La guerrilla cedió en que la justicia transicional que los juzgará por sus crímenes sea articulada  con la justicia ordinaria, así como en que los magistrados de la Jurisdicción de Paz sean colombianos y no extranjeros.

Además, se estimó que la totalidad del nuevo acuerdo no ingresará al bloque de constitucionalidad, sino solo puntos relacionados al Derecho Internacional Humanitario, que ya hacen parte de la Constitución.

La guerrilla también se comprometió con entregas detalladas de información sobre narcotráfico, así como de sus bienes para reparar a sus víctimas.

A su vez, la insurgencia aceptó una reducción del 30% de la financiación pactada en el anterior acuerdo para ejercer política. Vea: Justicia transicional de Acuerdo de Paz queda articulada con la justicia ordinaria

Todos esos puntos no fueron ni mencionados por los promotores del ‘No’ a la opinión pública, pese a que respondían a parte de sus propuestas, luego de la derrota del ‘Sí’ en el plebiscito.

Y en cambio, si en algún momento se pensó que miembros de la oposición apoyarían la negociación, por los cambios introducidos en el acuerdo, esa opción quedó resignada, pues en bloque el ‘No’ se unió para desprestigiar los esfuerzos hechos por el Gobierno.

El expresidente Uribe dijo este lunes en entrevista con La Hora de la Verdad que no pueden aceptar el nuevo acuerdo, sin que se analicen otros temas, y plantea hipótesis negativas sobre situaciones impredecibles, como lo es el manejo del presupuesto de la nación, en un escenario de implementación de los acuerdos.

Uribe, por ejemplo, dijo que no se atendió la propuesta del respeto a la regla fiscal en el acuerdo, a pesar de que en el documento se afirma que la implementación del mismo se hará conforme al principio de sostenibilidad fiscal, «para no afectar los programas prioritarios del Gobierno».

El expresidente argumentó que “las reglas que rigen el presupuesto nacional pueden entrar a aprobar un presupuesto que viole la regla fiscal y afecte la competitividad del sector privado colombiano”.

Es decir, el expresidente se basa en un supuesto frente a la gestión de un Gobierno futuro, no en hechos del presente y de la actual gobernabilidad.

Ese debate, basado en un escenario de supuestos, el Ejecutivo no lo va a dar y por eso, en parte, el presidente Santos se decidió, como se ha filtrado a la prensa, a firmar el acuerdo con Rodrigo Londoño ‘Timochenko’, este martes 22 de noviembre en Bogotá, pese a las críticas de la oposición

A su turno, otro de los voceros del ‘No’, el expresidente Andrés Pastrana, aseveró en un comunicado que las modificaciones hechas al acuerdo inicial, que no fue refrendado por el voto popular,  “mantiene la esencia antidemocrática del inicial”, y cataloga al Gobierno de no haber aceptado la victoria del ‘No’ en el plebiscito.

Pastrana le resta, de esa manera, importancia al diálogo entre el Gobierno y la oposición luego del plebiscito, en donde el Ejecutivo escuchó las propuestas de los promotores del ‘No’, que fueron luego puestas en la agenda con las Farc, en La Habana.

De la misma manera, Jaime Castro, líder del movimiento “Mejor No”,  dijo en una entrevista con la revista Semana, que el nuevo acuerdo es el nuevo texto del viejo acuerdo, por no haber cambios de fondo.

Y Marta Lucía Ramírez ha planteado, luego de los resultados de la nueva negociación, un desconocimiento a los 6 millones de colombianos que votaron por el ‘No’, el pasado 2 de octubre.

Estas posiciones le dejan muy poco margen de negociación a Santos con los voceros del ‘No’, que le restan importancia a los cambios hechos, pese a que fueron fruto de sus propuestas, y se enfilan a oponerse al nuevo acuerdo, con un fin cada vez más visible: conformar un bloque político que pueda pelear las elecciones de 2018, interés que prima sobre la voluntad real de firmar la paz con la guerrilla de las Farc.