A la justicia especial de paz  se le puso un tiempo límite de diez años y solo podrá recibir solicitudes de investigaciones los dos primeros. Las tutelas contra decisiones de la jurisdicción especial podrán ser revisadas.

Por: Prospectiva en Justicia y Desarrollo

En la noche de este domingo 12 de noviembre, el presidente Juan Manuel Santos anunció la firma de un nuevo Acuerdo de Paz entre las Farc y el Gobierno, que incluyó puntos propuestos por promotores del ‘No’ al plebiscito del 2 de octubre.

Santos expresó que se logró articular la justicia transicional del Acuerdo de Paz, entre el Gobierno y las Farc, con la justicia ordinaria del país.

El presidente anunció que se le puso un tiempo límite a la jurisdicción de paz, que funcionará por diez años y solo podrá recibir solicitudes de investigaciones durante los dos primeros .

A su vez, Santos destacó que, como parte de la articulación entre las jurisdicciones, las tutelas contra decisiones de la jurisdicción especial podrán ser revisadas.

En el marco del anuncio del nuevo acuerdo, el presidente anotó que las ONGs no podrán actuar como fiscales ni acusar, sino solo presentar información que será valorada y contrastada por los magistrados y jueces del tribunal.

Santos aseveró, además, que todos los jueces de la jurisdicción de paz serán colombianos “con las mismas calidades de magistrados” de las cortes del país.

Sobre el tema de penas, Santos indicó que el tribunal de paz fijará en cada caso los espacios concretos en donde deben estar los sancionados, durante la ejecución de la pena, que nunca serán más grandes que las Zonas Veredales Transitorias de Normalización.

El presidente habló de penas de tipo restaurativas, no mencionó que vaya a haber cárcel para los desmovilizados de las Farc y aseguró que el tribunal ajustará los horarios en los que se deben cumplir las sanciones, establecerá el sitio de residencia durante su ejecución de la sanción, e impondrá el deber de solicitar autorización para salir de las zonas donde se efectúen.

Entre tanto, acerca de la posibilidad que planteaba el anterior acuerdo de incorporar lo pactado entre Gobierno y las Farc al bloque de constitucionalidad, el dirigente nacional dijo que “solo se incorporarán temas de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, que ya hacen parte de la Constitución”.

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Santos aseguró que las Farc entregarán sus bienes para reparar a las víctimas, y que la implementación del acuerdo se hará con respeto al principio de sostenibilidad fiscal para no “afectar los programas prioritarios del Gobierno”.

El presidente también sostuvo que los empresarios que no sean responsables de crímenes graves tienen la posibilidad de obtener la  terminación de sus procesos, que hoy los pueden afectar en la justicia ordinaria.

Sobre las 16 curules transitorias en Cámara de Representantes, establecidas para comunidades víctimas del conflicto, el presidente aseveró que no serán para las Farc, cuyo partido no podrá inscribir candidatos para esos espacios.

Además, indicó que “se redujo en 30% el presupuesto de financiación al partido que surja de las Farc, para que queden en igualdad de condiciones con los otros partidos”.

Santos también destacó que se acordó la entrega detallada de información sobre narcotráfico, y que para atacar el consumo de drogas se fortaleció el papel de la familia y grupos religiosos en la política de prevención y atención a los consumidores. Lea: Prospectiva 4: Solución al Problema de las Drogas Ilícitas

El punto en el que las Farc no cedieron

De acuerdo con el presidente solo en un punto la guerrilla no cedió, con respecto a lo pactado en el anterior acuerdo, y fue en el de elegibilidad política.

Santos afirmó que se debe entender que la razón de ser de todos los procesos de paz en el mundo es que los guerrilleros dejen las armas y puedan hacer política, dentro de la legalidad.

“Este proceso con la paz no es una excepción ni puede serlo. Las Farc tienen un origen político y su intención es hacer política sin armas”,  explicó el jefe de Estado.

El nuevo acuerdo se puede encontrar en la página Mesa de Conversaciones del Gobierno.