La guerra y los daños ambientales: Colombia no es ajena

Prospectiva en Justicia y Desarrollo, en el marco de la semana en que se celebró la prevención de la explotación del medio ambiente en la guerra y los conflictos armadosreseña algunos atentados del ELN y las Farc, con los que se causó daño a la población civil y a los recursos naturales. Conozca también algunos instrumentos de protección jurídica que en derecho interno se tienen.

 Por: Hernando Aníbal García Dueñas

La riqueza natural de Colombia ha sido víctima de atentados contra el medio ambiente causados por organizaciones criminales y grupos armados organizados al margen de la Ley. Dentro de esos actores se encuentran el Eln y las Farc, como principales protagonistas de acciones contra los recursos naturales.

Atentados del Eln

 La masacre de Machuca se constituye, para la historia reciente del país, en uno de los atentados que dejó además de múltiples muertes, graves daños al medio ambiente.

Los hechos de la masacre sucedieron en la madrugada del 18 de octubre de 1998, en el corregimiento de Machuca o Fraguas, municipio de Segovia (Antioquia), cuando varios guerrilleros de la compañía Cimarrones del frente José Antonio Galán, del Ejército de Liberación Nacional (ELN) detonaron la línea de conducción de crudos del oleoducto Cusiana-Coveñas.

La investigación judicial concluyó que, luego de la detonación, el petróleo corrió por la colina hasta el río Pocuné.

Enseguida, el crudo continuó por su cauce y terminó en la rivera de la población, que fue el escenario de un trágico incendio que, en minutos, acabó con buena parte de las viviendas y de la zona.

Los hechos, a su vez, causaron la muerte de un centenar de personas (niños, adultos y ancianos) y otras 30 quedaron heridas por las quemaduras.

La Corte Suprema de Justicia, en sentencia de 2007, condenó a la cúpula de ELN a la pena de 40 años de prisión, por los delitos de rebelión, terrorismo, homicidio simple múltiple y lesiones personales múltiples.

Sin embargo, ese proceso judicial quedó en deuda con condenas por los daños ocasionados a los recursos naturales.

Otro ejemplo se refiere a los constantes atentados del ELN contra el oleoducto Caño Limón Coveñas, el cual ha recibido daños en la línea que cruza por los departamentos de Norte de Santander, Santander y Arauca, y en zonas fronterizas con Venezuela.

Sobre el tema, la Fiscalía General de la Nación, en un informe del 2015, sostuvo que en los últimos 28 años se han cometido 1317 atentados contra el oleoducto, que han causado daños a los ecosistemas, por el derrame de 141 millones de galones de petróleo.

La Fiscalía estima que los daños a los ecosistemas por derrame de petróleo hace más de 25 años, aún no se recuperan. Un ejemplo de como la naturaleza no tolera los desastres que produce el hombre.

Atentados de las Farc

Las Farc también han utilizado como mecanismo de guerra los atentados contra la infraestructura petrolera, como aquellos cometidos en junio del 2015 en el sur del país.

El 8 de junio del 2015 las Farc atacaron el oleoducto Transandino en Pasto y Tumaco. Según el diario El Tiempo, los hechos causaron afectaciones a 7 mil habitantes de la zona, por la contaminación del agua, debido al vertimiento del crudo que se transportaba en 23 carrotanques.

El 22 de junio de 2015, de nuevo, la guerrilla dinamitó el oleoducto Transandino en Tumaco. Con esa incursión guerrillera se afectó la quebrada El Pinde y las aguas del río Pianulpi.

Entre tanto, el 11 de junio de ese año, la misma organización guerrillera atacó en Putumayo una caravana de 8 camiones que transportaban crudo y obligaron a derramar el petróleo de tres de estos vehículos. Días después, también dinamitaron el oleoducto Mansoyo, en el municipio de Puerto Asís (Putumayo).

El 30 de junio de 2015 sucede otro de los atentados contra la infraestructura petrolera en Arauca, cometido por las Farc, cuando la insurgencia ataca el oleoducto Bicentenario, con dos explosiones en Fortul y una en Saravena.

Con ocasión a los atentados del 8 y 22 de junio de 2015, resultaron afectados los habitantes de 11 comunidades que tuvieron que utilizar agua contaminada. Niños y adultos sufrieron brotes en la piel y enfermedades diarreicas.

La contaminación de las aguas afectó las veredas Congal y Chontal, municipio de Tumaco (Nariño), donde la pesca se redujo en un 70%, con lo que se afectó la economía de la región, que en un 80% vive de esa actividad.

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Foto: Inteligencia Petrolera

Instrumentos nacionales de protección

 De acuerdo con el artículo 80 de la Constitución Política, corresponde al Estado prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. Obligación que armoniza las reglas de control interno frente a los daños ambientales que se causan con ocasión al conflicto armado.

Es así que en el artículo 164 del Código Penal Colombiano, se regula la sanción para quien en el marco del conflicto armado emplee métodos o medios concebidos para causar daños extensos, duraderos y graves al medio ambiente natural.

Esa normativa se complementa con el artículo 160 del Código Penal, en cuanto a que se comete el delito de atentados a la subsistencia y devastación, cuando con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, se ataque, inutilice, dañe, retenga o se apodere de bienes o elementos indispensables para la subsistencia de la población civil.

A manera de conclusión

 Los atentados contra la infraestructura petrolera constituyen la mayor catástrofe ambiental producida por derrame de petróleo en el mundo, cuyos daños ambientales, la mayoría de las veces, las soportan las fuentes de agua.

A su vez, los daños ambientales, por atentados contra los oleoductos, han dejado 3 millones de hectáreas de bosque arrasadas y 4,1 millones de barriles de petróleo derramados.

Así las cosas, las razones económicas, sociales, políticas y militares con las que el Eln y las Farc justifican los atentados contra la infraestructura petrolera son irrelevantes, frente a la catástrofe ecológica que tiene que soportar la población civil.

En realidad, los atentados contra los recursos naturales son comportamientos criminales que constituyen graves violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario.

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